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Justicia Restaurativa, una oportunidad europea y vasca en el escenario post-ETA

Expertos de 22 países (de juristas y académicos a funcionarios de prisiones o policías) debaten en Bilbo sobre cómo impulsar la Justicia Restaurativa, un prisma moderno que pone el foco en las necesidades de las víctimas pero también de los victimarios y sus familias. Los expertos inciden en que sirve para todos los delitos y en todas las fases.

La consejera San José (centro), cargos del TSJPV y una vocal del CGPJ, en la inauguración. (Luis JAUREGIALTZO/FOKU)

En octubre del pasado año, el Consejo de Europa recomendó a todos los estados que impulsen la Justicia Restaurativa, definida frente a la Justicia penal clásica o punitiva como «una forma de pensar la Justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables de los delitos, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos». En países como Holanda tiene ya un potente desarrollo legal, al contrario que en el Estado español. Y el Gobierno de Gasteiz se declara, en palabras de la consejera María Jesús San José en la apertura, como «a la cabeza de Europa en este ámbito».

Aunque ni en la inauguración ni en la primera mesa redonda de estos dos días de trabajos en la Universidad de Deusto se han citado las siglas de ETA, resulta obvio que este enfoque podría ser perfectamente a sus víctimas y a los presos vascos. De hecho, los 200 asistentes de todo el mundo asistirán esta noche a la escenificación del montaje teatral ‘La Mirada del Otro’’, basada en los «encuentros restaurativos» entre presos de la «vía Nanclares» y víctimas de ETA. Una experiencia que el congreso inserta en ese marco de la Justicia Restaurativa, aunque tuvo una materialización muy limitada, apenas deparó efectos jurídicos y estuvo muy condicionada políticamente por el objetivo de romper el Colectivo (EPPK) que subyacía en esa dinámica.

Así, desde la primera intervención, de Edit Törzs, directora del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa, se ha remarcado que hoy día «toda persona en Europa tiene derecho a acceder a la Justicia Restaurativa en cualquier momento y en cualquier caso, aunque estemos muy lejos de conseguirlo». El resto de expertos intervinientes han coincidido también en que este sistema vale para encauzar todo tipo de cuestiones penales, buscando lograr, en palabras del exjuez y activista holandés Theo de Roos, «un ‘win-win’, llegar a una reconciliación o al menos un reconocimiento del dolor, dando a los ciudadanos más responsabilidades». De Roos ha añadido que esta opción debe existir en todas las fases del procedimiento, «desde la investigación policial a la fase de detención y también durante la ejecución del castigo».

La consejera San José ha hecho una defensa potente de esta fórmula, alejada de la Justicia tradicional que se basa únicamente en el castigo y se sitúa ajena tanto a las necesidades de las víctimas como a los de los victimarios. «Personalmente me identifico con esos principios –ha dicho–. Considero que aportan valores para la convivencia, valores que repercuten en las víctimas y en el conjunto de la sociedad. Puesto que el delito genera daños, la Justicia debe sanar especialmente las relaciones humanas. Y al implicar a la sociedad, estamos devolviendo protagonismo y capacidad de decisión a las personas. La Justicia Restaurativa también resulta beneficiosa para la salud mental de las víctimas al reducir los síntomas de estrés postraumático. Y estudios empíricos demuestran que, frente a la Justicia tradicional, se muestra más efectiva a la hora de reducir la reincidencia en el delito».

Víctimas y victimarios

Hay un matiz importante entre los diferentes intervinientes. Mientras los expertos internacionales en estos primeros paneles han insistido en que la fórmula debe beneficiar o reparar tanto a quienes han sufrido el delito como a quienes lo han cometido, los subrayados de los oradores vascos y españoles no han sido tan coherentes.

Así, la fiscal superior de la CAV, Carmen Adán, o el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, Luis Angel Garrido, se han referido casi exclusivamente a las víctimas. Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial marcadamente progresista (la propuso IU), ha apuntado por contra que el delito «causa daños a la víctima pero también al infractor y sus familiares, a toda la sociedad, y hay que disminuir ese daño y recuperar las relaciones sociales a través de un proceso de diálogo». San José se ha situado en una posición intermedia entre ambos al abogar por «poner en el centro de la acción a la víctima y su restauración, para llegar a la reinserción del victimario, pasando por que todo ello tenga un impacto positivo en la sociedad».

De entre los expertos internacionales, un par de aportaciones interesantes. Ian Marder, catedrático de una universidad irlandesa y uno de los artífices académicos de esa recomendación europea a los estados, ha indicado que los defensores de la Justicia Restaurativa «somos muy buenos en empatizar con víctimas y victimarios, pero tenemos que hacerlo también con políticos y juristas, porque les estamos pidiendo algo que no están acostumbrados a hacer y que además les supone más trabajo». Para el holandés De Roos, «no se trata de abolir la Justicia Penal, pero donde sea posible se deberían intentar estos procedimientos de Justicia Restaurativa. Sin presionar a la víctima, claro. Pero también evitando que una no-colaboración conlleve una condena más dura para quien ha cometido el delito».

Entre los asistentes a esta jornada está el delegado español en la CAV, Jesús Loza. En su discurso San José ha citado que la Justicia Restaurativa comenzó a hacerse un hueco en las políticas de Lakua cuando Idoia Mendia (hoy secretaria general del PSE) era consejera de Justicia.