La Fiscalía pide 30 años de prisión para el agresor de Izar, sobre cuya libertad decidirá mañana
El Juzgado de Picassent decidirá mañana si el agresor confeso de Izar, la hija de la expresa vasca Sara Majarenas, sigue en libertad provisional a la espera de que termine el proceso judicial. Madre e hija permanecen bajo control policial y telemático tras la puesta en libertad del agresor. La Fiscalía pide 30 años de prisión por «asesinato en grado de tentativa».
El pasado 15 de febrero, el agresor confeso de Izar, la hija de la expresa vasca Sara Majarenas, quedó en libertad provisional por considerar el juzgado que la instrucción se había «excedido en el tiempo» y que la prisión provisional es una «medida excepcionalísima». Desde entonces madre e hija permanecen bajo control policial y telematico, una situación sobre la que este martes decidirá el juez en la vistilla que tendrá lugar en el Juzgado de Picassent.
En una comparecencia celebrada hoy en Donostia, Kontxi Ibarreta, madre de Sara Majarenas, junto a amigos y vecinos de la expresa vasca, ha explicado la complicada situación que viven Majarenas e Izar desde que quien intentara matar a la pequeña acuchillándola fuera puesto en libertad. También han explicado en qué punto se encuentra el proceso ante la vistilla que celebrará mañana. Una vez calificados jurídicamente los hechos y formalizadas las peticiones de pena, el juez deberá deliberar sobre la libertad provisional del acusado hasta que finalice el proceso.
Según han indicado, la Fiscalía pide 30 años de prisión y 7 de años de libertad vigilada por «asesinato en grado de tentativa». La acusación particular, por su parte, se suma a la solicitud de la Fiscalía. Asimismo, han destacado que las penas que pueden imponerle al acusado son elevadas por tres motivos que tienen trascendencia jurídica, que se ha cometido contra una persona que no podía defenderse, que se ha cometido contra su propia hija y para menoscabar la integridad de la madre. «Entendemos que se trata de violencia de género y así lo cree también la fiscal», constatan.
El peso del control
Además de denunciar la injusticia de que sean Izar y su madre quienes deban soportar la carga de vivir controladas ante el peligro que supone su agresor, Ibarreta ha descrito lo que supone en el día a día este mecanismo y los problemas que han surgido. Entre otras cuestiones, ha relatado que Majarenas, además de estar vigilada las 24 horas del día, ha de estar pendiente del dispositivo constantemente. Izar, por su parte, tiene que estar vigilada, se le acompaña a la ikastola cada mañana y se vigila su salida cada tarde. «¿Alguien se hace una idea del estrés que esto supone para la víctima? Es la víctima y sin embargo parece la culpable», ha declarado.
Otro de los aspectos que censuran es que se coarta la libertad de movimiento de Majarenas, puesto que no puede salir de la CAV dado que la prohibición al agresor se limita a este territorio. También han incidido en que hasta la fecha la medida de la pulsera telemática se ha quebrantado en tres ocasiones. «El sistema se ha desconectado en tres ocasiones con lo que la víctima pasa a ser objeto directo del caso una vez más», ha alertado. Ello supone que la Ertzaintza entre directamente en contacto con Majarenas para ver si está acompañada y en caso contrario trate de contactar con alguien.
En este punto, Ibarreta ha subrayado que ante el mínimo quebrantamiento de las medidas impuestas o ante dudas sobre la actuación del agresor, este debería reingresar en prisión. También ha cuestionado cómo se actuaría si no se tratara de Majarenas, expresa vasca.