Observadores denuncian vulneraciones muy graves en el juicio al independentismo catalán

Los observadores de la plataforma International Trial Watch han denunciado este martes vulneraciones «muy graves» y «flagrantes» de derechos humanos durante el juicio a los líderes independentistas catalanes, que han calificado de «político» y cuyas conclusiones enviarán a Naciones Unidas.

«Se trata de una causa política que, con una pretensión jurídica, criminaliza el derecho de reunión, de participación y de libertad ideológica», ha señalado uno de los portavoces de los observadores de la plataforma International Trial Watch, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB) Iñaki Rivera, al informar de las conclusiones sobre el juicio al independentismo catalán.

Para el académico, las conclusiones del documento, de carácter preliminar a la espera de la sentencia, son de tal gravedad que el Supremo «debería tenerlo en cuenta» ya que demuestran que España «se ha convertido en un estado desobediente del derecho internacional».

Según Rivera, el juicio se ha caracterizado por el trato desigual a los testigos propuestos por las partes, protegidos en el caso de las acusaciones y sometidos a interrupciones constantes en el caso de las defensas.

«La imparcialidad del tribunal se ha visto seriamente afectada», subraya el profesor antes de recordar que dos de los magistrados de la sala son miembros de la Junta Electoral Central.

Entre otros, para la plataforma ha supuesto una «flagrante vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» el hecho de que varios agentes de la Policía española y de la Guardia Civil «pudiesen visualizar las declaraciones de sus superiores» o que no se permitiera exhibir vídeos sobre los hechos del 20-S y del 1-O a los testigos de las acusaciones para poder contradecir sus afirmaciones.

Ni rebelión ni sedición

Por otra parte, de acuerdo con la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló, ha quedado probado que no hubo ni rebelión ni sedición porque no se produjo ningún alzamiento, condición indispensable para apreciar estos tipos penales.

De lo contrario, ha asegurado, si los actos por los que los políticos independentistas han sido juzgados hubiesen tenido «la capacidad de transformar el orden constitucional», el Gobierno español «habría decretado el estado de sitio», lo que nunca ocurrió.

«Cuando las conductas encausadas son ajenas al Código Penal se produce una señal inequívoca de que se persiguen ideas políticas», ha dicho antes de recordar que «ser independentista y reclamar la consecución de un Estado propio está amparado por la Constitución»

Con las conclusiones de este informe, la plataforma realizará un resumen que enviará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para que lo pueda tener en cuenta de cara al examen periódico que el Consejo de Derechos Humanos realiza cada cuatro años a países miembros y que el Estado español afrontará en 2020.