Denuncian ante Alokabide el intento de desahucio de una mujer con sus hijos en Barakaldo

Coincidiendo con la llegada de La Vuelta a Bilbo, varias personas con material deportivo propio de un ciclista se han concentrado ante la sede de Alokabide al objeto de denunciar el intento de desahucio en Barakaldo por parte de la sociedad pública de alquiler de Lakua a una mujer víctima de violencia machista y con dos menores a su cargo.

Berri Otxoak, promotor de la movilización, ha recordado que el pasado 30 de julio se consiguió suspender por dos meses el primer intento de desalojo de la vivienda donde reside la familia en Barakaldo. La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales han expuesto que desde entonces han mantenido varias reuniones con los servicios sociales municipales para buscar una solución, sin que desde el Ayuntamiento se ofreciese ninguna.

Tras esas gestiones, han señalado, la mujer logró inscribirse en el registro local para un posible acceso a una vivienda municipal. Se han quejado que en estas semanas no han conseguido reunirse con ningún responsable de Alokabide, por lo que habían optado por presentarse ante la sede de la sociedad pública ya que el plazo de dos meses se agota y el temor al desahucio está muy presente.

«Falta de soluciones»

Con esta «Vuelta Ciclista contra los recortes» se ha querido evidenciar la «falta de soluciones que ofrecen las instituciones a las familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual».

Además, desde Berri Otxoak han exigido «medidas urgentes e inmediatas» para paralizar los desahucios; la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional; y garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

Los concentrados han destacado que el Ararteko está pendiente de esta problemática «en la medida que el Gobierno municipal o la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional».

En este caso, han incidido, «las diferentes administraciones concernidas incumplen la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual remarca en sentencia firme que «se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica».

Para la plataforma «nuevamente se comprueba qué es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Protocolo de actuación que se suscribió ante la conmoción que supuso el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña».