La Corte de Apelación decide mantener en prisión a Josu Urrutikoetxea
La Corte de Apelación de París ha analizado esta tarde las demandas de puesta en libertad presentadas por la defensa de Josu Urrutikoetxea optando finalmente por mantenerle en prisión. El militante de Ugao, que convalece de una intervención de próstata y presentaba un aspecto desmejorado, deberá hacer frente a otra vista, esta vez en Tribunal Correccional.
Urrutikoetxea, quien fue intervenido de una dolencia de próstata el pasado 2 de setiembre, ha acudido esta tarde a la que será la primera de una larga serie de comparecencias judiciales.
La Corte de Apelación ha analizado en la vista de hoy las cuatro demandas de puesta en libertad condicional en el marco de dos procedimientos de euroorden y otros dos de extradición cursados por las autoridades españolas contra el histórico dirigente de ETA, informa la enviada de Mediabask, Goizeder Taberna.
Durante la vista, los abogados de Urrutikoetxea, Laure Heinich-Luijer y Laurent Pasquet Marinacce, han puesto en evidencia el delicado estado de salud del militante que leyera la declaración por la que ETA anunció, en mayo de 2018, su desaparición definitiva, pero también han evidenciado defectos del procedimiento y notificaciones fuera de plazo, entre otras cuestiones. En la sesión de hoy se han visto respaldados por la abogado vasco Iñaki Goioaga.
Entre el público, monseñor Jacques Gaillot y una delegación de EH Bai (Eneko Aldana) y EH Bildu ( Jasone Agirre), quienes en declaraciones a los medios en los pasillos del Palacio de Justicia han destacado el papel jugado por Urrutikoetxea para llevar a buen puerto el proceso de resolución.
Durante la vista, Urrutikoetxea ha dado su palabra al tribunal de que, de ser liberado, comparecería a las citas judiciales que tiene pendientes, pero la sala ha secundado al abogado general, que ha pedido a la Corte que eche atrás las demandas de la defensa, pese a que el pasado 19 de junio el tribunal parisino acordó la libertad bajo vigilancia de Urrutikoetxea en relación a los dos asuntos que tiene pendientes con la justicia gala, concretamente las condenas en rebeldía que le fueran impuestas en 2010 y 2017.
La defensa ha denunciado que se trata de «una decisión política» y ya ha anunciado que planteará recurso en casación contra esta decisión.
Maratón judicial
El Tribunal Correccional abordará mañana jueves el examen de la segunda de esas causas, que concierne a hechos que se produjeron durante el periodo 2010-2013 que comprende el tiempo en que Josu Urrutikoetxea estaba en Oslo, como parte de la delegación de ETA que trabajó para la apertura de un proceso de negociación que si buen no llegó a materializarse sí dio lugar a contactos con personalidades internacionales, incluidos enviados gubernamentales de Madrid.
En el primer análisis de la causa, en junio, los abogados de Urrutikoetxea apuntaron a defectos de forma que, en parte, reconoció también el fiscal.
De ahí que se espere que el debate jurídico previsto para mañana en el Tribunal Correccional de París se oriente, de partida, a despejar esas cuestiones.
El calendario judicial de Urrutikoetxea se retoma, tras el parón de agosto, precisamente una semana después de que la otra «voz» de la disolución de la organización armada vasca, Marixol Iparragirre, fuera entregada a Madrid tras pasar quince años encarcelada y una vez cumplida la pena de 20 que le impuso la Justicia gala.
Tras las vistas de hoy y mañana, deberán analizarse las demandas de entrega cursadas por la Audiencia Nacional española en contra de Urrutikoetxea, una por «crímenes de lesa humanidad» y otra en relación a la llamada causa «Herriko Tabernas», que serán estudiadas por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París el próximo 16 de octubre.
Antes, el 24 de setiembre deberá conocerse el fallo en casación sobre el recurso planteado por la fiscalía contra la resolución del libertad del 19 de junio, frustrada por la intervención de la DGSI, por el impulso de la Fiscalía y bajo la sombra de las presiones españolas.
La Justicia gala no ha fijado todavía fecha de vista para las demandas relativas a atentados que datan de la década de los 80 y que Madrid ha activado ahora con vista a conseguir la entrega de Urrutikoetxea.