El exsenador Bravo se defiende a sí mismo y niega que defraudara a la Hacienda que dirigía

En un proceso en el que ejerce su propia defensa (es abogado), el exsenador del PNV Víctor Bravo ha negado hoy que cometiera fraude a la Hacienda de Gipuzkoa que él mismo dirigía. Alega que todo fue legal en la domiciliación en Gipuzkoa de la empresa sospechosa.

El exsenador del PNV acusado de tres delitos contra la Hacienda publica, Víctor Bravo, ha mantenido este martes en el arranque del juicio que la sociedad tarraconense Glass Costa Este Salou, que presuntamente se habría beneficiado irregularmente del régimen foral de Gipuzkoa, cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la normativa de este territorio.

La sede y la dirección «efectiva» de la empresa «estaban aquí» y también tenía «la totalidad» de su inmovilizado en Gipuzkoa, ha asegurado con vehemencia Bravo, letrado de profesión y que ha ejercido su derecho a defenderse a sí mismo durante la primera sesión del juicio que se sigue hasta el jueves en su contra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Donostia.

Junto a él, también se encuentra acusado en este asunto el que fuera segundo administrador de Glass Costa Este Salou, quien, junto a su esposa, poseía directa e indirectamente cerca del 80 % de esta firma, un holding de empresas dedicadas, entre otros negocios, a asuntos inmobiliarios.

Ambos procesados se enfrentan a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía, que asciende a nueve años por parte del abogado del Estado, por tres delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos en los años 2003, 2004 y 2006.

El Ministerio Público reclama además a ambos una compensación de casi 1,4 millones de euros más los correspondientes intereses legales, aunque la acusación particular, que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, solicita 1,8 millones.

Los dos están acusados de haber «planificado» la forma en la que la citada firma «pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa» con «considerables ventajas fiscales».

Fiscalía: lo tenía que saber

Para ello, resultaba «ineludible», entre otras condiciones, que la compañía tuviera su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano y que la Hacienda foral le concediera «formal y expresamente» el «Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas».

Unos requisitos que, según la Fiscalía, eran conocidos «a la perfección» por Víctor Bravo dada su condición de director de la Hacienda guipuzcoana entre los años 1991 y 2003.

Por este motivo, Bravo ha dirigido este martes todos sus esfuerzos a acreditar la legalidad del establecimiento de Glass Costa Este Salou en territorio guipuzcoano, al tiempo que se ha desvinculado de las decisiones ejecutivas adoptadas por su Consejo de Administración, a cuyas reuniones tan sólo acudió en algunas ocasiones, y sobre las que dice no tener «ningún control» ya que sólo disponía del 1,66 % de participaciones directas en la empresa.

Respecto a la orden foral que permitió a Glass acogerse al Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa, Bravo ha señalado que él no la dictó porque no era su cometido como director de Hacienda y ha insistido en que no llegó a abstenerse cuando se tramitó porque «desconocía» la existencia de su solicitud.

Asimismo, ha afirmado que permitió al otro procesado residir en su vivienda durante un tiempo porque eran amigos íntimos, al igual que sus esposas, al tiempo que ha negado que se tratara de una «domiciliación ficticia» para cumplir los requisitos que permitieran a Glass radicarse en Gipuzkoa.

Justifican la domiciliación en ETA

Por su parte, este segundo acusado, que ya ha consignado en el juzgado un millón de euros para hacer frente a sus hipotéticas responsabilidades, ha sostenido que esta sociedad se constituyó en Gipuzkoa porque cuatro de sus socios residían en este territorio.

Ha sugerido además que durante esa época se domicilió en casa de Bravo en vez de comprar o alquilar una vivienda propia por motivos de «seguridad» que, según ha insinuado, estaban relacionados con ETA, y ha rechazado que establecieran la sede de Glass en Gipuzkoa para lograr beneficios fiscales ya que no sacaron «ni un duro en positivo».