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La jueza ve indicios de fraude en las certificaciones de obras en Alonsotegi

Cada vez está más cerca el juicio contra el exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma y otras cinco personas por el fraude de certificaciones de obras en 2011 para solventar deudas que el Consistorio mantenía con la firma Laneder Construcciones. La jueza instructora ve indicios de falsedad documental y fraude a la Hacienda foral.

José Luis Erezuma junto al lehendakari Urkullu en 2012. (EAJ-PNV)
José Luis Erezuma junto al lehendakari Urkullu en 2012. (EAJ-PNV)

La titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo ha dictado un auto en el que estima que hay indicios de que quien fue alcalde de Alonsotegi entre 2011 y 2015, el jeltzale José Luis Erezuma; el arquitecto asesor Alberto Zulueta, el aparejador Juan Torrontegi, los responsables de Laneder Construcciones Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, y la arquitecta municipal Marta Novo «actuaron de común acuerdo», aprovechándose de un temporal de lluvias en noviembre de 2011, para obtener subvenciones de la Diputación de Bizkaia por importe de 600.000 euros y del Consistorio por 81.392,38 euros para efectuar pagos a Zulueta, Torrontegi y Laneder en concepto de facturas emitidas por estos, «sin contenido económico real».

A la vista de las diligencias practicadas, la jueza ve indicios de fraude a la Hacienda foral y falsedad documental por parte de los seis encausados, que falsearon desperfectos y los posteriores arreglos. Por ello, insta a las partes a que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Para llevar adelante esa operación, expone la magistrada, se tramitaron tres expedientes para la reparación urgente de dos muros de contención en la carretera Bilbo-Balmaseda y en el ambulatorio, así como arreglos en el sótano de la casa consistorial. Por ellos, la Diputación otorgó al Ayuntamiento una subvención de 600.000 euros.

Esas actuaciones se sustentaban en informes emitidos por la arquitecta municipal Marta Novo, en los que se hacía constar desperfectos «inexistentes» y otros en los que se certificaba el buen estado de conservación de las instalaciones antes de las lluvias que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011.

Alberto Zulueta, como arquitecto asesor a través de la empresa Arkideiak, fue quien presentó los proyectos de reparación y el entonces alcalde, José Luis Erezuma, dictó los decretos aprobando los proyectos y solicitando las subvenciones forales. A continuación, Erezuma le encargó a Zulueta los proyectos de reparación urgente y contrató a Laneder Construcciones.

Erezuma lo admitió

En su declaración, en julio pasado, Erezuma admitió que los trabajos por los que recibieron ayudas forales no se ejecutaron. No es el único primer edil de Alonsotegi implicado en una operación similar. Su antecesor, el también jeltzale Aitor Santisteban, así como el arquitecto asesor Alberto Zulueta y el aparejador Juan Torrontegi, junto con las constructoras Pabisa y Lander, están siendo investigados por unas obras falsas de 2008 por otro juzgado.

Más tarde, según se recoge en el auto, Zulueta, Torrontegi y Bediaga presentaron liquidaciones elaboradas por Arkideiak y facturas emitidas por Laneder, recibiendo el Consistorio de Alonsotegi 618.115,02 euros. En octubre de 2012, el Ayuntamiento abonó a la constructora implicada 50.000 euros en concepto de intereses, y en julio de 2013 se formalizó un acuerdo de cancelación de deuda con el administrador concursal mediante el pago por el Consistorio de 120.000 euros, «que fueron sufragados a través de las cuentas extrapresupuestarias».

Recurso de la acusación

La acusación popular que ejerce el grupo municipal de EH Bildu ha interpuesto un recurso de reforma en la que insta a que se cite a declarar a varios técnicos y responsables políticos de la Diputación de Bizkaia, entre ellos, Juan Mari Aburto, por entonces diputado foral de Presidencia, encargado de otorgar aquellas subvenciones. Además, solicita que la Administración foral aporte otra serie de documentos relacionados con el caso, como por ejemplo la titularidad de las carreteras donde se iba a actuar.

Se justifican las comparecencias, según la acusación que ejercen los soberanistas de izquierdas, para conocer por qué razón la Diputación sufragó con dinero público una misma obra «en dos ocasiones» o cómo se concedieron 600.000 euros por unas obras que se ejecutaron en 14 días naturales, algo que consideran sospechoso.

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