La juez del Tarajal aplica la 'Doctrina Botín' y archiva la causa contra 16 guardias civiles
La muerte de quince migrantes subsaharianos en febrero de 2014, cuando trataban de llegar a nado a Ceuta y fueron recibidos a pelotazos por la Guardia Civil, no llegará siquiera a los juzgados.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha acordado el archivo de la causa contra 16 guardias civiles a los que decidió procesar por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio en su actuación en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014.
El caso no llegará a juicio «exclusivamente por aplicación de la ‘Doctrina Botín’», es decir, porque Fiscalía no ve delito y «en este momento procesal no hay acusación particular».
Concluye así que «en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular» salvo en supuestos excepcionales que no aprecia en la causa del Tarajal.
Se refiere al criterio de la Audiencia Nacional español aplicado en una causa sobre el banquero Emilio Botín, que avaló el Tribunal Supremo en el año 2007, interpretando la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que no cabe acordar la apertura del juicio oral sólo a instancia de la acusación popular: es necesaria una acusación pública o una particular, es decir, la de un perjudicado directo.
Se da la circunstancia de que la misma jueza instructora ha rechazado en dos ocasiones la personación en el procedimiento de familiares de seis de los fallecidos durante aquella actuación policial en febrero de 2014, al entender que no reunían los requisitos.
Todos de nacionalidad camerunesa, formularon solicitud para ejercer la acusación particular el 23 de febrero de 2015 y volvieron a intentar acudir al procedimiento a principios de este mes, cuando la jueza había acordado procesar a los 16 agentes investigados.
En esta causa ejercen la acusación popular CEAR, la Coordinadora de Barrios, el Comité René Cassin, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos y el Observatori DESC, que tienen cinco días para recurrir esta decisión antes de que devenga firme.