La sentencia del «Caso De Miguel» se dará a conocer en vista pública el 17 de diciembre en Gasteiz
El 17 de diciembre se conocerá la sentencia del «Caso De Miguel», en el que están imputadas 26 personas, muchas de ellas relacionadas con el PNV.
El juez Jaime Tapia dará a conocer la sentencia del "Caso De Miguel" el 17 de diciembre a las 10.00, en una vista pública a la que están convocados los 26 imputados, muchos de ellos relacionados con el PNV. Entre ellos figuran el exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, y los exburukides Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. En opinión de la Fiscalía, los tres lideraban una «organización criminal» dedicada al cobro de comisiones ilegales que no dudaba en utilizar «prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio».
En una providencia remitida este martes a los medios, Tapia ha explicado que la magistrada ponente leerá la sentencia, que se notificará vía telemática, a través de los procuradores. A la Fiscalía y al Gobierno de Gasteiz se les notificará después del acto, «como se ha hecho habitualmente en ese proceso a ambas partes acusadoras».
«Posteriormente, la sentencia se notificará personalmente a los acusados, en los días siguientes, mediante la emisión de un exhorto al órgano judicial correspondiente del domicilio de aquéllos», ha señalado el magistrado, que ha advertido de que «el plazo de cinco días para eventualmente interponer algún recurso de casación comenzará a contar desde el día de la notificación personal al último de los acusados o dicho de otra manera desde la última notificación de la sentencia».
La primera parte del juicio, que tuvo lugar el año pasado, estuvo marcada por la declaración de Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó el caso después de que el propio De Miguel le reclamara el pago de una «mordida» de 100.000 euros a cambio de una adjudicación irregular en el Parque Tecnológico de Araba.
Las pruebas aportadas por la denunciante marcaron la segunda parte del proceso judicial, que arrancó con retraso por las negociaciones entre la Fiscalía y parte de los acusados, que reconocieron su culpa a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Así, mientras los principales acusados defendieron su inocencia ante el tribunal, otros, entre los que figuran un grupo de empresarios catalanes, reconocieron sin tapujos el cobro y el pago de comisiones a cambio de participar en la construcción de un fallido polígono industrial en Zanbrana. Josu Arruti, administrador único de Sidepur, afirmó que él y De Miguel recibieron 320.000 euros de una constructora.
No obstante, la Fiscalía de Araba decidió reducir a casi la mitad su petición de cárcel para De Miguel, que en un primer momento se enfrentaba a una petición de 54 años de prisión. El fiscal Josu Izaguirre también rebajó sus peticiones para Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. Sus peticiones se redujeron de forma ostensible al pasar de 32 años y 2 meses a 13 años y 7 meses para cada uno.