Puigdemont pasa factura a Llarena y recuerda a Alkalde en su escrito al TS

Tras la sentencia europea que reconoce la inmunidad de los eurodiputados electos, Carles Puigdemont ha instado al Supremo a anular la euroorden, apartar al instructor Pablo Llarena y evitar suplicatorios como el que ejecutó en su día contra el que fuera diputado de HB Angel Alkalde.

El exiliado president legítimo de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que anule la euroorden en su contra dado que está protegido por la inmunidad parlamentaria tras la sentencia sobre Oriol Junqueras; que archive su causa al considerar que no ha cometido ningún delito; y que aparte al juez instructor, Pablo Llarena, por falta de imparcialidad.

Su defensa ha remitido un escrito al juez Llarena en el que resalta que, tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), «ha adquirido plenamente» la condición de eurodiputado desde que se proclamaron los resultados el pasado 13 de junio. De hecho, ya ha podido pisar el Parlamento Europeo y acreditarse.

Y como tal, prosigue, está protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que hace a su juicio necesario el levantamiento de la orden estatal e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, y el resto de medidas cautelares «en tanto no se obtenga la correspondiente autorización del Parlamento Europeo».

«No hay más caminos», recuerda el líder catalán; cualquier otro será «un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español».

Pero además indica que, como no hay motivo que justifique la orden de detención, «resulta improcedente solicitar la autorización para ello del Parlamento Europeo».

Petición fiscal «grosera y palmariamente ilegal»

Para el expresident, la pretensión de la Fiscalía, que cree que su inmunidad no impide mantener la euroorden y que solicitó al Supremo que pidiese la suspensión de su inmunidad, «no solo es extravagante sino que es grosera, manifiesta y palmariamente ilegal».

Sostiene que la euroorden contra él fue dictada «sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo» y pide levantar el resto de medidas cautelares «por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición».

Además de la reciente sentencia del TJUE, también menciona la resolución en la que pedía al Tribunal General que examinase de nuevo la petición de Puigdemont y Toni Comín de reconocerles cautelarmente eurodiputados al considerar que su rechazo no estuvo bien motivado.

Aprovecha también para recusar a Llarena «por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad», recuerda que afirmó en un escrito que Puigdemont no gozaba de inmunidad, y añade su crítica a la actuación de la Fiscalía, que a su juicio, busca soluciones que «dicho claramente, no son más que hacerse trampas al solitario».

El precedente de Alkalde

Sobre la intención de mantener la persecución contra él a toda costa, la defensa de Puigdemont evoca varios precedentes, entre los que se incluye el del exdiputado de HB Anjel Alkalde, contra el que el Supremo forzó un suplicatorio.

Ocurrió en 1989 e hizo que Alkalde se exiliara, igual que ahora Puigdemont, compareciendo públicamente también en Bruselas o en París.

Una década después, las acusaciones en su contra se consideraron prescritas, pero la persecución se mantuvo después incluyendo su nombre en la «lista negra» de la UE y de Estados Unidos, y consumando finalmente su encarcelamiento en 2005, decisión que firmó el juez Baltasar Garzón tras una condena por «enaltecimiento».