La Mesa del Parlament recurrirá ante el Supremo la inhabilitación de Quim Torra
Roger Torrent ha anunciado que el próximo martes la Mesa del Parlament formalizará la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, en el que se alegará que no concurren ninguno de los supuestos contemplados en el reglamento de la cámara autonómica para inhabilitar al president Quim Torra.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sostenido que la Junta Electoral Central (JEC) no es competente para inhabilitar como diputado al presidente del Govern, Quim Torra, que continúa siendo «diputado de pleno derecho», porque no se cumplen los supuestos que prevé el Reglamento del Parlamento catalán para que deje de serlo.
Preguntado en rueda de prensa, ha garantizado que Torra podrá votar en los próximos plenos y, sobre las consecuencias de este hecho, ha asegurado que seguirán defendiendo los derechos de los diputados en el Parlamento catalán «más allá de cualquier otra consideración o cualquier otra consecuencia».
Por ello, ha explicado que la Mesa aprobará el próximo martes la presentación de un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) contra el acuerdo de la JEC, después de que él ya encargara a los servicios jurídicos que trabajaran en este recurso. «Entendemos que la JEC no es un órgano competente para retirar el acta de diputado a nadie. El president Quim Torra sigue siendo diputado del Parlament de pleno derecho».
El presidente de la Cámara ha sostenido que la JEC es un órgano administrativo que no se puede otorgar ningún tipo de potestad para inhabilitar a Torra o a cualquier otro diputado: «El posicionamiento del Parlament es muy claro y lo defenderemos con todas las consecuencias y por todas las vías posibles».
Preguntado por si teme una querella contra él, ha replicado: «No sería la primera vez», y que siempre toma sus decisiones en defensa de los derechos de los diputados porque cree que es el papel que corresponde al presidente del Parlament catalán, postura que cree que no es sólo política, sino también moral.
Considera que el Estado «ha demostrado definitivamente que se sitúa fuera del sistema judicial europeo, fuera de lo que determinan sentencias de los tribunales europeos».