Urkullu se ufana contra ELA y LAB de la Ley de Vivienda que rechazó

En su carta de respuesta a ELA y LAB sobre la tabla reivindicativa de la huelga del día 30, el lehendakari, Iñigo Urkullu, alaba la Ley de Vivienda que aprobó el Parlamento «apoyado también en los partidos políticos que sustentan este Gobierno». Sin embargo, lo cierto es que el PNV votó en contra de esta ley por «mala e imposible de materializar».

Iñigo Urkullu se ha apropiado de la Ley de Vivienda para tratar de responder a los sindicatos ELA y LAB, que remitieron un escrito al lehendakari pidiéndole una reunión en la que exponerle sus reivindicaciones para la huelga del día del próximo jueves, día 30. Entre esos puntos incluían «el reconocimiento de derechos sociales hoy vulnerados, como el acceso a una vivienda de alquiler social».

En el escrito de réplica, en el que el lehendakari rechaza reunirse con los sindicatos que representan a la mayoría sindical en el territorio que gobierna, Iñigo Urkullu asegura que «en relación a la vivienda vengo a recordarles que el Parlamento Vasco, apoyado también en los partidos políticos que sustentan a este Gobierno, aprobó la nueva ley de vivienda que otorga a esta la consideración de ‘derecho subjetivo’, una norma pionera en nuestro entorno».

Sin embargo, no es cierto que «los partidos que sustentan a este Gobierno» apoyaran la aprobación de la Ley de Vivienda. El PNV, y el propio Iñigo Urkullu, votaron en contra. Salió adelante el 18 de junio de 2015 con los 38 votos a favor de PSE, EH Bildu y UPyD, y los 37 noes de PNV y PP. La posición oficial de los jeltzales, expresada por el parlamentario Norberto Aldaiturriaga, fue que «es una mala ley porque no solucionará la problemática de la vivienda». Su conclusión fue que «el debate no es si se trata de una ley progresista o conservadora, sino de que es una ley mala e imposible de materializar».

Sobre el «derecho subjetivo» a la vivienda del que alardea Urkullu, el PNV lo redujo a «supuesto derecho subjetivo», porque «esta ley no se crea ex novo un derecho subjetivo a la vivienda», sino que ya estaría recogida en la ley de la RGI puesta en marcha por el gobierno de Juan José Ibarretxe.

La proposición de ley llegó al Parlamento de Gasteiz de la mano del PSE en 2013. Y el Gobierno de Urkullu manifestó «su criterio desfavorable» a que siquiera fuera tomada a consideración por la Cámara para su debate. Sin embargo, el pleno arrancó la tramitación el 20 de junio de 2013 con el voto favorable de PSE, EH Bildu y UPyD, y el contrario de PNV y PP.

«Efecto llamada mundial»

Semanas antes a su debate final en el Pleno, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 5 de mayo de 2015, aseguró que ese «derecho subjetivo» a la vivienda, del que hace gala Iñigo Urkullu en su carta, tendrá un «efecto-llamada» de alcance «mundial».

A preguntas de los periodistas, Josu Erkoreka abundó en su afirmación apuntando que «no soy capaz de precisar quiénes van a venir, pero si usted reconoce el derecho a la vivienda desde el primer día, algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar, eso va a generar una vis atractiva que tiene una proyección mundial».

El portavoz del Ejecutivo de Urkullu añadió que «las nuevas medidas sobre vivienda contempladas en la ley no son sostenibles desde el punto de vista presupuestario».

Sobre pensiones

En su carta de respuesta a ELA y LAB, el lehendakari también afirmaba que «la primera reivindicación tiene que ver con el sistema público de pensiones. Como bien saben, esta es una competencia exclusiva del Gobierno español», y les acusaba de confundirlo «interesadamente con una política con carácter subsidiario y complementario a modo de prestación económica por el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos».

En su escrito, lo que ELA y LAB planteaban era «la defensa del sistema público de pensiones, una pensión mínima de 1.080 euros», y lo que le pedían al Gobierno de Lakua, como al navarro, es que «complementen las pensiones hasta esa cantidad».

Este es un punto que los servicios jurídicos del Parlamento consideraron en su día que «la cuestión competencial resulta indiscutida» porque no innova sobre las leyes existentes.