El vertedero degeneró de la mejor a la peor nota sin frenar el aumento de residuos ni abrirse expediente

La evolución de los informes ambientales de Lakua al vertedero de Zaldibar es demoledora: en cuatro años (2015-2019) había pasado de la máxima nota posible a la mínima. Sin embargo, el volumen de residuos siguió creciendo imparablemente (porcentualmente, más aún el amianto) sin que la Administración reevaluara impactos sobre el suelo ni abriera expediente.

¿Cómo ha podido pasar el vertedero de Zaldibar del «grado alto» de cumplimiento ambiental a «grado bajo» en cuatro años? Solo hay una incógnita mayor que esa: ¿Cómo ha podido ocurrir sin que se tomara ninguna medida tajante desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua, que es el que conocía la situación por evaluarla cada dos años?

Los tres informes de inspección emitidos en 2015, 2017 y 2019 (hace apenas tres meses, en noviembre) certifican la degradación fulminante de la calidad ambiental de este vertedero que había recibido la autorización en 2011. De los cinco niveles de nota posible, ha pasado de la máxima posible a la mínima en apenas cuatro años y cuatro meses.

El Servicio de Inspección Ambiental de Medio Ambiental le otorgó el grado «alto» en el análisis de 2015, valorando que «se cumplen satisfactoriamente» los parámetros analizados. Se limitó requerir la corrección de algunas desviaciones en un plazo de 30 días.

Dos años después, esta nota había bajado al segundo nivel, el denominado «medio alto». Pero es entre 2017 y 2019 cuando la calidad ambiental de la instalación de Verter Recycling se desmorona totalmente, llegando a la calificación más deficiente en noviembre pasado: «Baja».

La viceconsejera de Medio Ambiente de Lakua, Elena Morena, detalló el sábado en Zaldibar algunos de esos incumplimientos graves, centrando la responsabilidad en la empresa: «Las chimeneas no estaban midiendo correctamente el metano, habían depositado algunos materiales para los que no tenían autorización –aunque en cantidades pequeñas– y se detectó que habían hecho un relleno que no estaba autorizado». Sin embargo, no aclaró por qué no se habían tomado medidas efectivas contra todo ello por parte de la Administración, indicando únicamente que se estaba valorando la apertura de expediente.

Presión sobre el terreno: de 379.000 a 510.000 toneladas

Las causas del derrumbe no se han concretado por el momento a la espera de los análisis preceptivos. Pero sí es una evidencia objetiva que pese a la degradación imparable del vertedero el volumen de residuos que acogía se había disparado en este mismo periodo de tiempo.

Así, en 2017 esta instalación de Zaldibar acogió 379.689 toneladas a lo largo del año y en 2019 había saltado a 510.994.

Porcentualmente, aún es mayor el incremento de los materiales que contienen amianto, dado que pasaron de 2.954 toneladas en 2017 a 4.235 en 2019, lo que suponía casi un 1% del total depositado pese a su peligrosidad.

A tenor de las explicaciones de Moreno el sábado, la valoración de los efectos que esta presión creciente provocaba sobre el suelo se dejó en manos en la empresa, que en octubre de 2019 «aportó un estudio realizado por una ingeniería especializada que concluía que el vertedero es estable con la configuración actual, tanto frente a roturas circulares como frente a roturas de bloque por el plano de debilidad que constituye el conformado de base».

No debía tenerlas todas consigo la inspección, dado que recomendó en este último informe realizar controles geotécnicos esporádicos.

La autorización ambiental al vertedero en 2011 indicaba que «no se espera que con la nueva actividad de reciclaje se genere ningún incremento o modificación en los posibles impactos sobre la población y salud humana (...) Al situarse la nueva actividad en una zona que ya se encuentra artificializada, el impacto sobre el suelo se considera no significativo».

Tras las irregularidades detectadas en este pasado noviembre, la inspección había abierto la puerta a «la revisión de oficio de las condiciones» de esa autorización ambiental de 2011, lo que quizás hubiera llevado a reevaluar el riesgo geotécnico, pero lo cierto es que todavía no se habían tomado medidas concretas (ni para restringir el depósito de residuos ni en forma de sanciones) y la tragedia se desencadenó este jueves.

Al margen de los informes técnicos, trabajadores y testigos han manifestado estos días en diversos medios que la entrada y salida de camiones en el vertedero era abrumadora y apuntan a que los propios empleados eran conscientes del peligro que corrían. Lo expresan por ejemplo Helene y Paulo Alberdi, sobrinos del trabajador desaparecido Alberto Sololuze, en la entrevista que este lunes publica GARA.