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El Senado francés avala una prórroga del estado de urgencia hasta el 10 de julio

Tras un primer voto negativo, el Senado francés aprobó anoche una prolongación del estado de urgencia que incluye modificaciones significativas con respecto al texto procedente de la Asamblea Nacional. De partida se alarga ese estado excepcional hasta el 10 de julio y no hasta el 24 de ese mismo mes como planteaba el Gobierno de Emmanuel Macron. Comunistas y ecologistas votaron en contra, y el Partido Socialista optó por la abstención.

Imagen del debate anoche en el Senado francés. (@Senat)

El primer voto negativo del Senado francés, el lunes, al proyecto de prórroga del estado de urgencia obligó a abrir una negociación con la mayoría conservadora que permitió que, anoche, finalmente se diera luz verde a la prórroga.

Así el nuevo texto excluye una prórroga hasta finales de julio, concretamente hasta el 24 de julio, como pretendía el Gobierno, y pone fecha al final del estado de urgencia: 10 de julio.

No es la única modificación, ya que el nuevo texto asume varias enmiendas contrarias a la posición inicial del Gobierno. La más relevante: contempla medidas para «aligerar la responsabilidad penal» de empresarios, funcionarios o electos que deban adoptar decisiones para la aplicación del inicio del desconfinamiento, previsto a partir del 11 de mayo.

Electos responsables, pero no culpables

Considerada una medida de la desconfianza política que generan las medidas de planteadas por Macron, los senadores han dejado por escrito que las personas encargadas de aplicarlas sean responsables de las mismas, pero no caiga sobre ellas todo el peso de la ley caso de que, como se teme, se produzcan consecuencias sanitarias.

Ese escudo legal que da el Senado permitiría, a priori, superar las reticencias expresadas por varios centenares de alcaldes a la reapertura de las escuelas, la semana próxima, al temer que se les pueda perseguir legalmente en caso de que aparezcan casos de Covid-19.

La demanda de que el curso escolar no se reanude hasta setiembre ha sido sostenida con fuerza por grupos de izquierda como La France Insoumise.

Los senadores han aprobado además la puesta en marcha de un «sistema de información» para trazar a personas contagiadas por el virus y sus contactos, pero en base a un modelo de control estricto que si bien asume la derogación del secreto médico también se contempla en ciertos casos la posibilidad de que el ciudadano se niegue a aportar esa información.

Identificación voluntaria de contagiados

La mayoría conservadora, pero también senadores de grupos de izquierda, se han venido oponiendo al despliegue de la controvertida aplicación para smartphones conocida como StopCovid, que se planteaba fuera utilizada a partir del 2 de junio con la entrada en la segunda fase de desconfinamiento. Ello por temor a que ello implique en la creación de un nuevo fichero de datos, en vulneración de las libertades ciudadanas.

En todo caso, las medidas de limitación a la trazabilidad que se han incluido en la nueva versión del decreto, para recalcar su carácter voluntario, no han sido consideradas insuficientes por los senadores comunistas, que optaron anoche por votar en contra de la prórroga.

Cabe descatar la intervención de la senadora ecologista Esther Benbassa, muy crítica con los abusos policiales producidos al calor del estado de excepción, especialmente en los barrios populares del cinturón parisino.

Benbassa afirmó que el estado de urgencia es un instrumento, pero la prioridad son los test, las máscaras y las camas de hospital y no prolongar en el tiempo no una medida que «sirve de escudo al gobierno».

Por su parte, los senadores del Partido Socialista, que lograron sacar adelante una enmienda en la que se dan garantías para evitar que las mujeres que sufren violencia sexistas deban seguir confinadas junto a sus agresores, se quedaron en la abstención. Además este grupo mantiene su intención de recurrir diversas medidas del decreto ante el Consejo Constitucional.

Los 240 senadores de LREM, Les Républicains, Les Indépendants y la mayoría de los electos de grupos centristas se unieron para sacar adelante el nuevo texto del proyecto de ley que ahora vuelve a la Asamblea Nacional para su adopción definitiva antes del fin de semana.