El Consejo Constitucional francés corrige el aislamiento de ciertos enfermos de Covid-19
El Consejo Constitucional francés ha modificado las condiciones de aislamiento de las personas sospechosas o enfermas de Covid-19 que recoge la prórroga del estado de emergencia propuesto por el Ejecutivo, al considerarlo una limitación de la libertad.
El Consejo Constitucional francés, máximo órgano jurídico del país, ha validado hoy la ley que prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el próximo 10 de julio, aunque ha modificado parcialmente los apartados vinculados al aislamiento de los enfermos y al rastreo de sus contactos
El Consejo ha subrayado que el aislamiento completo de los casos sospechosos y de los enfermos de coronavirus, que prohíbe cualquier salida u obliga a estar en el domicilio más de 12 horas al día, es una medida privativa de libertad.
Por ello, la institución ha destacado que solo debe aplicarse a quien entre en el territorio del Estado francés tras haber estado en el mes anterior en una zona en la que circule el virus, o a quien vaya a Corsica y los departamentos de ultramar desde el territorio metropolitano.
Además, el aislamiento solo debe decretarse tras un certificado médico y ser prolongado más allá de los 14 días iniciales si así lo deciden también los médicos y lo autoriza un juez de las libertades.
Datos de los enfermos
El Consejo Constitucional también ha matizado al tratamiento de los datos de los enfermos de Covid-19 y de quienes hayan estado en contacto con ellos, que recoge el estado de emergencia sanitaria, al señalar señaló que esa información debe limitarse a su situación serológica o virológica.
El organismo ha añadido que los datos de identificación de una persona infectada no se podrán dar a las personas con las que haya estado en contacto sin su autorización y que ese dispositivo de recogida de información debe limitarse al tiempo estrictamente necesario para luchar contra la pandemia.
Su dictamen sobre la adecuación de esa ley a la Constitución había sido solicitado por el presidente francés, Emmanuel Macron; el del Senado, Gérard Larcher, y otros parlamentarios, y suponía la última etapa antes de la publicación de esa normativa en el Boletín Oficial del Estado, prevista en cuestión de horas.