El juez imputa a Corinna Larsen y la cita el 8 de setiembre en el caso de las cuentas del rey emérito
El juez Manuel García Castellón ha imputado a la amiga de Juan Carlos I Corinna Larsen y la ha citado el 8 de setiembre para declarar en la pieza que investiga las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo sobre las cuentas del rey emérito en Suiza.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la reapertura de la pieza, denominada Carol y que es la número 5 del ‘caso Villarejo’, abierta tras la revelación de las conversaciones entre Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre las cuentas del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, en Suiza. Ha citado a declarar tanto a la amiga del rey como a Villarejo como investigados el próximo 8 de setiembre.
También ha llamado a declarar como imputados a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, según las agencias españolas.
El juez explica que ha acordado reabrir esta pieza, archivada el 7 de setiembre de 2018, tras recibir los informes policiales en los que se han analizado los archivos de audio de Corinna Larsen encontrados en los domicilios de Villarejo y Redondo y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país pedía la colaboración por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.
Esta pieza versaba sobre supuestos encargos que la amiga del rey emérito habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo este con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, que tuvo lugar en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del Juan Carlos de Borbón en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.
El juez explica en su auto que la reapertura de la pieza se dirige a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, «sin perjuicio de que ello pueda llevar a otros tipos de infracciones».
Además de esta investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la que dirigía Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar.