LAB condena la actitud de la Policía Municipal de Bilbo en el desahucio de Urazurrutia
LAB ha condenado la actitud de la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbo en su actuación en el desalojo de una vecina de la calle Urazurrutia, en Bilbo Zaharra. Asegura que es un ejemplo más de «la deriva autoritaria y represiva a la que el alcalde Aburto está llevando a la Policía Municipal».
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Bilbo ha mostrado su «rotunda condena» a la actitud de la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbo en su actuación este jueves a la mañana en el desalojo de una vecina de la calle Urazurrutia, en Bilbo Zaharra, «en la que que personas que intentaban evitar el desahucio de una vecina del barrio han sido agredidas».
El sindicato ha denunciado la la utilización de la Policía Municipal en funciones de orden público «que no son de su competencia». «Éste es un ejemplo más de la deriva autoritaria y represiva a la que el alcalde Juan María Aburto está llevando a la Policía Municipal de Bilbao, alejándose cada vez más del modelo de policía de proximidad que supuestamente defiende», ha asegurado.
LAB ha considerado que con estas actuaciones el alcalde, la concejala y la dirección de la Policía Municipal «están poniendo en riesgo la seguridad de los y las agentes y además, están consiguiendo que la ciudadanía se aleje cada vez más y les vea como un cuerpo represivo».
Además, ha acusado Aburto de «plegarse a las exigencias de un sector minoritario de la Policía Municipal, que desde posiciones retrógradas y autoritarias insiste en la petición de material incompatible con el modelo de policía de proximidad (cascos, escudos, táser…)».
El sindicato también ha manifestado su solidaridad con la persona afectada por el desahucio y con las personas que se han acercado a ayudarla.
LAB ha recordado que en 2013 el comité de empresa del Ayuntamiento de Bilbo, aprobó por unanimidad (ELA-LAB-SVPE- CCOO-UGT),una declaración en la que instaba al equipo de gobierno a: «No utilizar a los trabajadores y trabajadoras municipales en los desalojos de viviendas por desahucios»; y a «que no se convierta a los trabajadores y trabajadoras públicos en instrumento al servicio de los intereses de la banca».