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Israel decreta un nuevo confinamiento total de la población de tres semanas

El Gobierno israelí ha decretado de nuevo el confinamiento de la población desde el próximo viernes, cuando comienza un periodo vacacional, para frenar la propagación del covid-19. La medida durará tres semanas aunque podrá extenderse.

Un judío ultraortodoxo con mascarilla en Jerusalén. (Emmanuel DUNAND/AFP)

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo un confinamiento total de la población de tres semanas para frenar la segunda oleada del coronavirus, que golpea con fuerza el país desde mayo y que alcanzó en la última semana uno de los índices de morbilidad más altos del mundo, con cifras récord de contagios.

A partir del próximo viernes, coincidiendo con el comienzo de con un periodo vacacional por el Rosh Hashaná (año nuevo judío), los israelíes no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no esenciales permanecerán cerrados Y no podrán juntarse más de diez personas, entre otras restricciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha indicado la posibilidad de extender la medida más allá de las tres semanas.

Antes de hacerse oficial la medida, el ministro de Vivienda de Israel, Yaacov Litzman, ha anunciado su dimisión en respuesta a los planes del Gobierno.

«Mi corazón está con los miles de judíos que van a la sinagoga una vez al año y que este año no podrán hacerlo por el confinamiento», ha dicho Litzman, miembro del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, aliado de Netanyahu. Según Litzman, quien fue ministro de Sanidad, esta medida se tuvo que haber aplicado hace un mes, y no en este momento de vacaciones.

Las autoridades israelíes sopesan que los rezos por el Yom Kippur y el Rosh Hashanah puedan tener lugar entre restricciones, incluidas limitaciones al número de asistentes.

Según la prensa local, otros ministros se oponen a estas drásticas medidas por los efectos que tendrá en la ya debilitada economía israelí, con un paro del 21% en comparación al 3,3% de febrero. El Ministerio de Finanzas calcula que podría suponer pérdidas económicas de unos 5.000 millones de euros.