Lakua se opone al cierre de la actividad económica a las 22.00, planteado por el Estado

La reunión del Consejo Interterritorial de Salud a nivel estatal ha acabado sin consensos. Tanto la CAV como Madrid, con gobiernos de composiciones muy diferentes, se oponen a medidas planteadas como el cierre de toda la actividad económica a las 22.00. Y tampoco hay decisión sobre el toque de queda por las dudas legales de fondo.

El Gobierno Urkullu y el de Díaz Ayuso han puesto la voz discordante a la conformidad general sobre la necesidad de nuevas restricciones en el Consejo Interterritorial de Salud, reunido este jueves tarde en Madrid con el Ministerio estatal y las representaciones autonómicas.

Ambas administraciones no comparten medidas como el cierre de toda la actividad económica a las 22.00 y el cierre también de establecimientos hosteleros allá donde los indicadores objetivos lo estimen preciso.

El Gobierno navarro obviamente ha dado su conformidad a esta propuesta, porque ya ha aprobado e implantado estas medidas en su territorio.

El documento "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19", aprobado en este Consejo Interterritorial presidido por los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial, Carolina Darias, incluye también el cierre de establecimientos hosteleros a las 23.00 allá donde se superen los indicadores. En las medidas aprobadas el sábado pasado, el Gobierno Urkullu lo fijó a las 0.00 con carácter general (hasta el momento podían estar abiertos hasta la 1.00)

Toque de queda, postergado

Sobre el otro tema principal paralelo a debate, la posibilidad de un toque de queda como el decretado hoy por el Gobierno francés, la cuestión ha sido aparcada a la espera de análisis jurídicos, porque no está claro si para ello habría que decretar el estado de alarma y si tendría que pedirlo cada autonomía.

No obstante, algunas ya han comenzado a implantarlo. La Junta de Andalucía ha decretado el toque de queda en la ciudad de Granada para frenar la expansión del covid-19.

Los indicadores

La propuesta de Sanidad establece ocho indicadores de valoración del riesgo, con hasta cinco niveles: nueva normalidad, bajo, medio, alto y extremo.

El primer bloque evalúa el nivel de transmisión, que se calculará en función de seis de los indicadores: la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 y en y días; la misma incidencia pero referida a la población mayor de 65 años; el porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas y el de casos con trazabilidad.

Mientras, el segundo mide la capacidad asistencial con los otros dos marcadores, la ocupación de camas covid y de las UCI.

A cada uno de estos escenarios se les asigna uno de los cinco niveles de riesgo, siendo el más bajo el de la nueva normalidad, con incidencias acumuladas inferiores a 25 en 14 días, y el más alto el riesgo extremo, en el que se superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se reduce a 125 en los mayores de 65 años.

Pero además, en este nivel extremo se tendría que dar una positividad del 15 por ciento y una trazabilidad del 30%, junto con un nivel de ocupación hospitalaria por coronavirus de 15 por ciento de las camas y las UCI al 25%.

Todas estas cifras se van reduciendo progresivamente a medida que la valoración del riesgo es menor, de forma que cuando es alta, la incidencia a 14 días pasa a ser de entre 125 y 250; la positividad de entre el 10% y el 15%, la trazabilidad de entre el 30% y el 50%, la presión hospitalaria de entre 10% y 15% y la de las ucis de entre el 15% y el 25%.

En aquellas situaciones en las que se tengan que valorar unidades territoriales de menos de 10.000 habitantes, se podrán realizar agrupaciones en territorios como pueden áreas de salud, gerencias de atención integrada, comarcas, etc., para la evaluación y toma de medidas conjuntas.

Para los territorios pequeños, especialmente de menos de 5.000 habitantes, además de estos indicadores generales se tendrán en cuenta otros criterios como el número, la tendencia y la velocidad de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días o la proporción de casos nuevos asociados a brotes.