Sigue penando el retiro adelantado y se apuesta por los planes privados
La comisión del Congreso para el seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer las recomendaciones para una futura reforma del sistema de pensiones. Destaca la vuelta a la revalorización de la pensiones en función del IPC. No se recogen otras demandas del movimiento de pensionistas. Tres meses tiene el Gobierno para dar forma a las propuestas.
La comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo aprobó ayer las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones que irán al Pleno del Congreso, donde tendrán que someterse a una nueva votación. Con este acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, cuando el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones para una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
Las nuevas propuestas fueron avaladas por PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, PNV y Coalición Canaria, mientras que ERC, EH-Bildu y BNG optaron por abstenerse. Unicamente Vox votó en contra de las recomendaciones.
ERC argumentó su abstención por mejoras introducidas, si bien su portavoz, Jordi Salvador, lamentó que «la mentira de que el sistema es insostenible» se debe al «saqueo» de sus fondos. Históricamente la Seguridad Social ha transferido recursos al resto del Estado y sin ello la caja del sistema público de pensiones contendría 519.104 millones de euros.
También defendió la abstención Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, lamentando que no se hayan recogido las propuestas trasladadas por el movimiento de pensionistas, mientras que Néstor Rego, de BNG, criticó que no se recupere la jubilación a los 65 años, una pensión mínima acorde al salario mínimo y la derogación de las últimas dos reformas realizadas.
Tras la aprobación en el Congreso, la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio, señaló que ahora tocará un acuerdo en el seno del diálogo social, entre Gobierno, sindicatos y patronal, pues considera que «para que las reformas sean duraderas, es fundamental el consenso».
El Gobierno tendrá tres meses para plasmar las recomendaciones del Pacto de Toledo en una ley, que será la traducción práctica de lo que ayer aprobó la comisión parlamentaria.
Cuestiones clave
De las recomendaciones aprobadas ayer quizás lo más relevante para jubilados y pensionistas sea que se propone que la revalorización de las pensiones se haga en función del indice de precios al consumo. Se abandonaría de esta forma la ridícula revalorización del 0,25% aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue la chispa que dio comienzo al movimiento de pensionistas.
El resto de propuestas siguen la lógica del discurso hegemónico sobre la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema, pero sin analizar el efecto del trabajo precario y de los bajos salarios en la sostenibilidad de la Seguridad Social. Significativo fue que durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tampoco se hablara de la subida del salario mínimo. Así, todo se reduce a reorganizar ingresos y gastos para terminar con el déficit y para ello se propone, básicamente, que el gasto no contributivo se asuma desde los Presupuestos Generales del Estado.
Sigue penalizándose la jubilación anticipada y como novedad aparece la apuesta por incentivar los planes privados de pensiones de empresa.