Vecinos de Olarizu presentan alegaciones contra el derribo y denuncian el «acoso policial»

Las personas que residen en las viviendas ocupadas de Olarizu han comparecido ante los medios junto a integrantes de la Iniciativa por el derecho a techo y contra la exclusión social de Gasteiz. Han explicado las alegaciones presentadas contra el derribo de las viviendas y han denunciado presión policial, «como si por ser pobres fuésemos delincuentes».

La asociación ‘Okupatu zure bizitza’, compuesta por vecinas y vecinos de los bloques ocupados de la Avenida de Olarizu, y la Iniciativa por el derecho a techo y contra la exclusión social de Gasteiz han denunciado este jueves la actuación del Gobierno local, que ha puesto en marcha el contador para desalojar a las familias e iniciar el derribo del barrio, donde se podría poner en marcha una operación urbanística.

«Manifestamos nuestro más profundo rechazo a las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que lejos de garantizar el derecho a la vivienda, agrava la situación al anunciar nuevos desalojos», han destacado en una rueda de prensa ofrecida en la Plaza Nueva, frente a la Casa Consistorial, donde han remarcado que les «avergüenza profundamente» que el alcalde, Gorka Urtaran, «se refiera a las 124 viviendas sin hacer referencia alguna a la situación de pobreza de las personas que viven en ellas».

«Consideramos muy grave que ante la situación de emergencia habitacional que hemos denunciado en numerosas ocasiones, el Ayuntamiento, en lugar de tomar las medidas necesarias, solamente dé pasos para agravar el problema», han añadido, y han señalado que la decisión del Ejecutivo local «choca frontalmente además con la declaración que el pasado 29 de octubre hicieron en el Parlamento Vasco PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en la que compartían que ‘la vía más efectiva para luchar contra la ocupación es la de reforzar las políticas públicas de vivienda, especialmente las de alquiler’».

Han recordado que la iniciativa aprobada en la Cámara autonómica fue una respuesta conjunta a la propuesta presentada por la coalición formada por PP y Ciudadanos. «¿Por qué el gobierno de PNV y PSE en Vitoria-Gasteiz hace lo contrario a lo que defiende en el parlamento vasco? ¿Por qué actúa defendiendo las políticas de vivienda de PP-C´s y VOX?», han preguntado tras explicar las alegaciones presentadas por 35 vecinos y vecinas de los bloques ocupados.

Una Administración «ausente»

En las mimas explican que «nuestra situación de desempleo, y precariedad económica nos impiden pagar un alquiler en cualquier piso de esta ciudad y me ha llevado a ocupar esta vivienda, resistiendo las inclemencias del clima y las condiciones insalubres de estas edificaciones, y sintiendo que la administración pública de este municipio no nos ha ofrecido ninguna solución a la situación de pobreza en la que nos encontramos, aun habiendo acudido en diferentes momentos a los Servicios Sociales de esta ciudad».

Además, recuerdan que «hemos soportado el corte de luz, de agua y acoso sicológico con la presencia de la policía constantemente, como si por ser pobre, fuésemos delincuentes o criminales. Sin embargo, persistimos aguantando esta crisis sanitaria con el confinamiento encima, sin agua en la vivienda, y la Administración del Ayuntamiento ausente».

Y censuran que, después de haber recibido la comunicación el pasado 20 de octubre, el Consistorio «ha procedido a desalojar o limpiar los pisos vacíos, como mecanismo de presión hacia las familias que habitamos allí. Afectando psicológicamente a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, sin plantear ninguna solución a nuestro problema de habitabilidad, por lo que pedimos que antes de llevar a cabo un desalojo violento considere nuestra situación, como una emergencia habitacional sin resolver».

«Un ejemplo del acoso policial es el robo de dos generadores por parte de la Policía Municipal de una de las viviendas de manera absolutamente ilegal», aseveran, y recuerdan que «como ciudadanos y ciudadanas de este municipio tenemos derecho a que nuestro caso sea estudiado por los servicios sociales y sea tenido en cuenta en el acceso al Derecho a una vivienda digna en la que podamos desarrollarnos junto a nuestras familias».

Las familias afectadas cuentan con el apoyo de una veintena de organizaciones sociales y sindicales, que han exigido al Ayuntamiento que «adopte de una vez las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Para garantizar que nadie viva en la calle».