Pensionistas lamentan que el Pacto de Toledo asuma «el discurso de los poderes económicos»

El Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria ha llamado hoy a seguir la lucha por un sistema público de pensiones después de constatar que el Pacto de Toledo con sus recomendaciones «asume el discurso de los poderes económicos». Con ese objetivo, han anunciado nuevas manifestaciones para el 30 de noviembre en Iruñea y el 5 de diciembre en la CAV en defensa de sus reivindicaciones.

El Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria ha elegido las concentraciones que todos los lunes realiza en pueblos y ciudades para dar a conocer su valoración sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el 27 de octubre en comisión en el Congreso español.

Esas sugerencias, en su opinión, son «claramente insuficientes» para alcanzar un sistema de pensiones sostenible. Destacan en su análisis que se reconoce «la desviación sistemática de cotizaciones sociales a políticas de Estado distintas a las pensiones», aunque lamentan que las recomendaciones aprobadas «consolidan el progresivo deterioro de las prestaciones, anuncian nuevos recortes y ocultan el negativo factor de sostenibilidad».

«Grave» les parece que no se baraje la derogación de ese factor articulado en las reformas de 2011 y 2013. La medida que entrará en vigor en enero de 2023, reduce las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. El movimiento mantiene una reivindicación histórica como es que se apruebe una ley para la revalorización automática de las pensiones.

«El aumento de la edad de jubilación no incrementa las cotizaciones y es un freno para la incorporación de jóvenes al sistema, y conlleva un endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada que penaliza, además, a trabajadores que pasan a depender de prestaciones de desempleo cuando ya han generado el 100% de su pensión contributiva», manifiestan.

El sistema es sostenible

También detectan aspectos positivos, como el «reconocimiento de que el sistema siempre ha sido sostenible y de que que durante años se ha generado alarmismo desviando cotizaciones sociales para financiar políticas del Estado distintas de las prestaciones contributivas».

Esa  «pésima gestión», añaden, es la que proporcionó «falsas justificaciones» para realizar las reformas de 2011 y 2013, «que reducen las pensiones e implantan sistemas privados de pensiones que cuentan con importantes ayudas públicas». Precisamente, critican que se recomienden planes de empleo y EPSV.

Aunque saludan que se abogue por acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos, califican de «inaceptable» que lo que definen como «saqueo» de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva, «quede solo en un estudio clarificador sin establecer un compromiso de devolución».

Qué proponen

Consideran que las recomendaciones rompen con el discurso de los «poderes financieros y sus voceros, interesadamente catastrofista». Para garantizar un sistema público de pensiones, advierten, «es imprescindible crear más empleo de calidad, aumentar salarios y derogar las reformas laborales de 2010 Y 2012, que debilitan la negociación colectiva, incrementan la precariedad laboral y la depreciación salarial y disminuyen las cotizaciones».

Por ello, demandan que se establezca el SMI en 1.200 euros previsto en la Carta Social Europea, y aprobar una profunda reforma fiscal «para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan».

A las y los pensionistas les preocupa que se asuma «el discurso de los poderes económicos basado en analizar el futuro del sistema de pensiones desde la perspectiva del gasto y la demografía y se relegan cuestiones trascendentales, del capítulo de ingresos, como la creación de empleo estable y de calidad y la redistribución justa de los incrementos en la productividad de la economía».

Respecto a que el Pacto de Toledo evalúe como «positivo» para el sistema el incremento del periodo de calculo, desde del Movimiento de Pensionistas estiman que «deja abierta la puerta a futuras ampliaciones a toda la vida laboral con lo que los 'años más favorables' resultarían ser solo un señuelo temporal».

Además, definen como «preocupante» la propuesta de cálculo a la baja de las prestaciones de viudedad y orfandad, según los años de cotización. «La edad no puede ser un factor discriminatorio y la realidad es que esta pensión afecta especialmente a las mujeres», recuerdan.