El presidente argentino envía al Congreso un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto
El presidente argentino, Alberto Fernández, ha anunciado que este martes enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, un intento que hace dos años se frustró en el Senado.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que este martes enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y otro por el que se creará un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo.
«La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes», ha indicado el mandatario en un mensaje en video difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que ha lamentado que cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados y 3.000 murieron por esa causa desde 1983.
🎙️“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”. Anuncio del presidente @alferdez. pic.twitter.com/bTZwYKd1gl
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 17, 2020
El aborto legal, seguro y gratuito –en Argentina solo se permite abortar si el embarazo es fruto de una violación o corre peligro la vida de la madre– es una vieja reclamación por parte de los colectivos feministas, y si bien un proyecto llegó a ser aprobado en 2018 por la Cámara de Diputados, no logró el visto bueno del Senado.
Una cuestión de salud pública
Fernández ha remarcado que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros, y ha añadido que «no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve», sino que resuelve un problema que afecta a la salud pública.
«La legalización del aborto permite además, como ocurre en la Ciudad de México y en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan», ha indicado, convencido de que brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
Esa legalización no implicaría, señaló, una carga extra para el sistema de salud, ya que los procedimientos validados internacionalmente son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
También ha hecho hincapié en que las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas del sistema, al someterse a practicas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica: «Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre», ha remarcado.
El programa de los 1.000 días
El otro proyecto que enviará el Gobierno prevé la creación del «Programa de los 1.000 días», que busca bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años.
Entre otros aspectos, la iniciativa establece nuevas ayudas económicas o extiende las ya existentes, se encara un abordaje especial para la detección de riesgos durante el embarazo y se establece un sistema de alerta temprana de nacimiento y certificado de hechos vitales para el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.