El Congreso renueva el Pacto de Toledo, que vuelve a vincular la pensión con el IPC

El Congreso ha aprobado este jueves el «Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo», que vincula la revalorización de las pensiones con el IPC. PNV ha votado a favor y EH Bildu se ha abstenido tras denunciar que el sistema de Seguridad Social no es generoso.

El Congreso ha renovado por tercera vez las recomendaciones del Pacto de Toledo, que vuelve a vincular la revalorización de la pensión con el IPC. Esta es una de las 21 recomendaciones incluidas en el "Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo", que ratificado este jueves por en el Pleno.

Las recomendaciones han sido aprobadas con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Junts, el PNV, Más País-Equo, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe.  ERC, EH Bildu, Foro Asturias y el BNG han decidido abstenerse. Y la CUP y VOX han votado en contra.

Al debate han asistido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, que ha emplazado ahora al acuerdo entre Gobierno español, organizaciones sindicales y patronales.

«Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social», ha manifestado Valerio, que ha insistido en que este sistema «es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política».

«Punto de encuentro»

La portavoz del PSOE, Mercé Perea, ha reivindicado el nuevo pacto como «punto de encuentro» de los «diferentes modelos». Ha aseverado que el acuerdo supone la derogación de facto de las «reformas neoliberales» y «marca líneas rojas» para rechazar un sistema de capitalización de pensiones privadas.

El portavoz del PP en la Comisión, Tomás Cabezón, ha señalado que «lLos grupos estamos de acuerdo en lo fundamental, en la defensa del ssitema público de pensiones, del cual nos sentimos orgullosos».

«Hoy aprobamos un marco. Ahora toca convertirlo en reformas y leyes, y para eso necesitamos que siga la presión en la calle», ha reivindicado Aina Vidal (En Comú), que junto a Meri Pita (Podemos) han reconocido no haber podido alcanzar todos sus objetivos.

Es más, Pita ha señalado cómo militantes de su formación «hoy están decepcionados con el texto». «Comprendemos y encajamos esa decepción», ha conceddido.

Iñigo Barandiaran, del PNV, ha pedido que el Congreso «sea consciente del valor que tiene este acuerdo», mientras que Genís Boadella, de Junts, ha señalado cómo el Pacto de Toledo, aun con «diferencias ideológicas profundas», supone «una manera de entender la política».

«No es una cuestión demográfica, sino económica»

El portavoz de Esquerra en la Comisión, Jordi Salvador, se ha mostrado «orgulloso» por «demostrar que el sistema es sostenible», lo que a su juicio acredita que «no están justificadas las reformas a la baja».

Y es que, ha señalado, durante los trabajos de la Comisión se calculó que, de no haber dedicado a gastos impropios los excedentes del sistema, hoy tendría 519.104 millones, «más que suficiente» para afrontar cualquier dificultad presente o futura. Sin embargo, ha criticado que no haya «un plan de reposición de lo que se ha saqueado».

«El sistema de Seguridad Social no es generoso. ¿Qué hay de generoso en pensiones de 400 euros?», se ha preguntado Iñaki Ruiz de Pinedo, rechazando que el sistema público de pensiones se enfrente a un problema demográfico. «No es una cuestión demográfica, sino económica», ha aseverado.

Nestor Rego, del BNG, ha reconocido que le gustaría votar 'sí', pero no es capaz hasta una derogación de las últimas reformas de pensiones, mientras que Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha justificado su abstención al consolidar la jubilación a los 67 años, algo que «desdeña la dureza de una prolongada vida laboral».

Finalmente, han votado en contra Vox y la CUP, estos últimos advirtiendo de que el informe «abre la puerta a recortes» que, han augurado, vendrán exigidos por la Comisión Europea a cambio de los fondos europeos, ha anticipado su diputado Albert Botran.