Meatzaldea Bizirik insiste en pedir una respuesta respecto al expediente sancionador a Petronor
Meatzaldea Bizirik ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que imponga multas y deduzca testimonio por un presunto delito de desobediencia contra el Ministerio para la Transición Ecológica por no pronunciarse sobre la procedencia de abrir o no un expediente sancionador contra Petronor.
El Gobierno español sigue sin actuar contra Petronor por la construcción de la planta de coque sin permiso de la Dirección de Costas por ocupar dominio marítimo-terrestre.
Portavoces de Meatzaldea Bizirik han señalado que han dejado transcurrir «plazos suficientes», teniendo en cuenta la composición del nuevo Gobierno español en 2019, al que suponían una actividad más dirigida al respeto de la legalidad y la protección del medio ambiente y la salud pública.
Pero tras la expiración de todos los plazos y la negativa al cumplimiento de sus obligaciones, están dispuestos a lograr, «por todos los medios», la restitución de la legalidad, lo que incluye la petición de responsabilidades penales a las autoridades responsables de la protección de la Costa. «No podemos permitir que la inactividad y el silencio de las autoridades pongan en riesgo la tutela efectiva de nuestros derechos. Los tribunales han aceptado nuestras justas reclamaciones. Y llegaremos hasta el final», han prometido.
Se solicitó hace 7 años
El Juzgado Central nº 8 de la Audiencia Nacional dictó el lunes 23 de noviembre un auto en el que requirió por cuarta vez al Ministerio de Transición Ecológica para que emita una «resolución expresa» sobre la procedencia o no de iniciar el expediente sancionador contra Petronor, que la Coordinadora AntiCoke solicitó hace siete años. No ha habido movimiento alguno, por lo que Meatzaldea Bizirik ha vuelto a reclamar la ejecución de la sentencia.
Los ecologistas recuerdan que los tribunales lo han pedido en tres ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica. En una primera sentencia en 2016 y en la acordada por el Pleno de la Audiencia Nacional en 2018, se resolvió que el Gobierno español debió actuar tras la denuncia de los ecologistas. Costas, según el tribunal especial, nunca otorgó el preceptivo permiso de construcción de la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) al ubicarse en dominio público marítimo-terrestre.