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La Asamblea Nacional de Venezuela pide la expulsión de la embajadora de la UE

La Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido este martes al Gobierno que expulse a la embajadora de la Unión Europea como respuesta a las sanciones aprobadas por Bruselas contra 19 políticos y cargos de la Administración venezolana.

Imagen de archivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con embajadores europeos. (AFP)

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela ha solicitado este martes al Gobierno que expulse a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante, tras las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 personas, entre ellas, varios diputados.

En un acuerdo aprobado por unanimidad, la AN pide al Gobierno que preside Nicolás Maduro que «proceda a la ejecución de esta declaración, así como el establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión» de la embajadora.

Además, exhorta al Ejecutivo a «declarar persona 'non grata' a la jefa de la delegación de la UE en la República Bolivariana de Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa».

El Consejo de la Unión Europea amplió el unes las sanciones contra Venezuela a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral

De esta forma los Veintisiete respondía a las elecciones legislativas de diciembre, que no reconocieron. La decisión afecta entre otros al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolana, al que acusan de la represión.

Caracas lo consideró una muestra de la «frustración» de Bruselas «ante el fracaso de su agresión contra nuestro pueblo».

Este martes los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han condenado «enérgicamente» las últimas sanciones por considerar que «constituyen una clara violación del Derecho Internacional y una inaceptable aplicación intervencionista que en nada contribuye al desarrollo del pueblo venezolano».