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El Consejo de Europa reabre el caso de la muerte del letrado Finucane en 1989 en Belfast

La familia de Pat Finucane ha acogido con satisfacción la decisión del Consejo de Europa de reabrir el caso de la muerte a tiros de este abogado republicano en 1989 en Belfast, después de que las autoridades británicas rechazaran establecer una investigación pública sobre este atentado.

Vigilia en memoria de Pat Finucane celebrada en Dublín en 2015, con motivo del 26 aniversario de su muerte. (SINN FÉIN)

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Geraldine Finucane, viuda del abogado republicano y activista por los derechos humanos muerto a tiros en Belfast, ha manifestado su satisfacción por el hecho de que el Consejo de Europa haya decidido reabrir la investigación sobre los hechos ocurridos en 1989.

Pat Finucane, de 39 años, recibió 14 disparos por parte de pistoleros paramilitares unionistas que acabaron con su vida en su casa de Belfast en febrero de 1989, en presencia de su mujer y tres hiijos. 

Hasta la fecha, solo uno de los tres mercenarios que participaron en los hechos, Ken Barrett, ha sido condenado –en 2004 a 22 años de cárcel–, pero la familia siempre ha sostenido que la orden para matarle tuvo el visto bueno de altas instancias del Estado.

Durante el primer juicio, se reveló que Barrett colaboraba como informador para los servicios secretos de la antigua Policía norirlandesa (RUC), mientras que los otros dos cómplices, William Stobie y Brian Nelson, también trabajaron como espías para las fuerzas de seguridad.

Stobie murió a manos de paramilitares en diciembre de 2001 en lo que se consideró un ajuste de cuentas, mientras que Nelson falleció en abril de 2003 de un cáncer de pulmón.

En 2003 el Tribunal de Estrasburgo falló contra las autoridades británicas al considerar que la investigación no había sido apropiada y, en 2009, el Consejo de Europa dio por cerrado el caso llamando al Gobierno de Londres a abrir una investigación pública.

En 2019 el propio Tribunal Supremo británico admitió que ninguna de las investigaciones anteriores sobre este caso cumplieron con algunas directivas de la Convención, pero precisó que el Gobierno británico tiene derecho a decidir cuándo y cómo se aborda este controvertido asunto.

El pasado mes de diciembre, el secretario para el norte de Irlanda del Gobierno de Boris Johnson, Brandon Lewis, aseguró ante la Cámara de los Comunes que no era el momento de esa investigación y que no la descartaba «en otro momento».

Para John Finucane, hijo del abogado y diputado de Sinn Féin en la Cámara de los Comunes, se trata de un paso «enormemente significativo».

«El Gobierno británico ha sido criticado internacionalmente por su fracaso a la hora de establecer una investigación y este nivel de vigilancia (por parte del Consejo) es vital para lograr que finalmente se conozca la verdad», ha tuiteado. 

El Gobierno irlandés, por boca de su ministro de Exteriores, Simon Coveney, ha subrayado que la decisión es «totalmente apropiada» y ha confiado en que facilitará un «examen completo y exhaustivo» de los pasos siguientes, de manera que obligue al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones como firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos.

«La familia Finucane, como tantas otras, han esperado demasiado tiempo», ha agregado el jefe de la diplomacia irlandesa.