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El independentismo encaja las piezas para una legislatura de emergencia social y nacional

El acuerdo «in extremis» entre ERC y JxCAT, que permitirá a Laura Borràs presidir el Parlament de Catalunya y a la CUP contar con un miembro en la Mesa, allana el camino para la formación de un Ejecutivo soberanista y progresista liderado por Pere Aragonès.

Cinco de los siete integrantes de la Mesa serán independentistas.

JxCAT ostentará la Presidencia del Parlament a cambio de apoyar un Gobierno encabezado por Esquerra en el cual, muy probablemente, la CUP tendrá una incidencia relevante. Este es el escenario que se prefigura con la constitución hoy del máximo órgano del Hemiciclo catalán tras las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero.

Después de un largo proceso de negociación entre las tres fuerzas independentistas, que han apurado los plazos que marca el reglamento de la Cámara, el Parlament asistirá a su formación con la Presidencia y los integrantes de la Mesa ya decididos: JxCat, en la figura de la exdiputada en el Congreso español Laura Borràs, se hará con la Presidencia, mientras que la CUP, seguramente representada por Pau Juvillà, diputado por la circunscripción de Lleida, ocupará una de las cuatro secretarías. Las cinco plazas restantes –dos vicepresidencias y tres secretarías– quedarán repartidas de la siguiente manera: la vicepresidencia primera para ERC, la segunda para el PSC y, respecto a las secretarías, una para JxCat, otra para los republicanos y la última para el PSC.

De esta forma, cinco de los siete integrantes de la Mesa serán independentistas y, en cuanto a su composición final, tampoco se descarta que a última hora En Comú Podem acabe ostentando una secretaría si recibe los votos del Partido Popular y Ciudadanos o incluso que la formación naranja obtenga un sitio con una extraña carambola de por medio, aunque sus posibilidades son muy remotas. El único que está descartado es Vox, cuarta fuerza en la Cámara, contra el que todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Ciudadanos, han acordado un cordón sanitario para limitar su margen de maniobra.

Así pues, la composición del máximo órgano del Parlament, que se dirimirá a través de tres votaciones nominales, dibujará la mayoría que el independentismo cosechó en los comicios de febrero, donde alcanzó el 51,8% de los sufragios y la mayoría absoluta de representantes: 74 de los 135 diputados (33 ERC, 32 JxCat y 9 CUP).

Consenso con fisuras

El acuerdo por el que Laura Borràs será la nueva presidenta del Parlament se antojaba aparentemente fácil. Vistos los resultados, no había discusión alguna en cuanto al reparto de papeles: ERC, como primera fuerza, se encargará de articular un Gobierno bajo la presidencia de Pere Aragonès e, invirtiendo los roles, JxCat será quien presida de nuevo la Cámara, hasta ahora bajo el mando del republicano Roger Torrent.

Pero a raíz de las elecciones, el independentismo ha asistido a un rosario de reproches cruzados motivado por las diferencias que Esquerra y JxCat mantienen en cuanto a la estrategia a seguir en esta nueva etapa política. Y, vinculado a ello, también por la voluntad expresa de Aragonès de incorporar a su Ejecutivo de «frente amplio» a los comunes, hecho que la formación de Carles Puigdemont ha rechazado de plano.

También ha enturbiado las negociaciones la decisión de la CUP de postularse para ocupar la Presidencia del Parlament mediante Dolors Sabater, su cabeza de lista el 14F, tras acusar a JxCat de no presentar ningún nombre y rechazar que Borràs fuera la nueva presidenta al estar afectada por un proceso judicial en curso. La líder de JxCat está siendo investigada por el Tribunal Supremo española por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por la que habría incurrido en los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental. Esto hará que probablemente la formación anticapitalista se incline por abstenerse en la votación.

Pese a estos desencuentros y el silencio de la propia Borràs, su candidatura se acabó de consolidar ayer mismo por la tarde, en buena parte por el rol que Puigdemont exige a la nueva Mesa y la circunstancia de que la expresidenta de la Cámara, la republicana Carme Forcadell, expresara que «soy favorable a que otra mujer ocupe el cargo», en clara alusión a la dirigente de JxCat.

Una vez pasada la sesión de hoy, se abrirá un segundo periodo fijado en diez días hábiles durante los cuales Borràs tendrá que sondear los candidatos que opten a la investidura para formar Gobierno. Un margen que llevará, si no hay ningún contratiempo, a que el 26 de marzo se celebre como muy tarde el primer debate de investidura, donde con toda seguridad Pere Aragonès obtendrá la mayoría absoluta de 68 diputados y diputadas para ser presidente de la Generalitat.

Solo falta saber qué fórmula conseguirá alcanzar el líder de ERC para articular un Ejecutivo estable, aunque, por el perfil de la Mesa, todo indica que mantendrá su cariz independentista y, si los acuerdos lo permiten, estará apuntalado con un claro acento progresista para hacer frente a la actual emergencia económica y social.

PSC: el tercero en clara discordia

Las elecciones catalanas dieron la victoria al PSC, que gracias al efecto mediático de su cabeza de lista, Salvador Illa, consiguió recuperar la masa electoral que en su momento optó por otorgar su confianza a Ciudadanos.

Igual que pasó con la formación naranja, entonces liderada Albert Rivera e Inés Arrimadas, los socialistas han querido exhibir músculo y reiterar que, pese a no contar con los apoyos suficientes para formar Gobierno, son la primera fuerza en Catalunya. De hecho, aunque la lista encabezada por el exministro de Sanidad obtuvo los mismos diputados que ERC, un total de 33, cosechó un número superior de sufragios fruto de su capilaridad en las comarcas que forman el Área Metropolitana de Barcelona.

Esto explica la insistencia del propio Salvador Illa de presentarse a la investidura para presidir la Generalitat, cargo para el cual la aritmética le juega claramente en contra, ya que ni los votos de todas las formaciones constitucionalistas –incluido Vox– le permiten obtener las mayorías necesarias, más aún cuando En Comú Podem ya ha declinado participar en cualquier dinámica de bloques.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ser decisivo, y para ello ha utilizado como espantajo su presencia en la Moncloa y la mesa de diálogo que acordó con Esquerra Republicana para desencallar el conflicto territorial.

Dos armas en la mano que, junto a su capacidad para tramitar los indultos a los presos independentistas, quiere utilizar para erosionar el nuevo Gobierno independentista y, de paso, condicionar el rumbo de la política catalana.