Garamendi asume que se necesita «impulso a la euskaldunización» de la Administración

La consejera de Gobernanza y Autogobierno de Lakua ha considerado necesario «dar un impulso a la euskaldunización» del personal que trabaja en el sector público para que «nadie se sienta perjudicado por la lengua que elija».

La consejera de Gobernanza y Autogobierno de la CAV, Olatz Garamendi, ha reconocido este viernes que la Administración debe proteger los derechos lingüísticos, por lo que ha considerado necesario «dar un impulso a la euskaldunización» de su personal para que el euskara y el castellano sean ambas lenguas de trabajo.

«La Administración debe garantizar que nadie se sienta perjudicado por la lengua que elija», ha insistido la consejera, que ha comparecido en el Parlamento de Gasteiz para presentar el proyecto de Ley del Sector Público, que busca aglutinar las normas sobre esta materia sin provocar «rupturas traumáticas», respetando la organización foral y municipal.

Este proyecto, aprobado por Lakua en su última reunión del pasado año, es similar a los presentados en las dos anteriores legislaturas, que no lograron culminar su tramitación. La consejera ha aseverado que el objetivo es impulsar una «gobernanza más cercana, participativa, innovadora, eficaz y orientada hacia la racionalización del sector público vasco».

El proyecto define y clasifica los entes del sector público y desgrana su estructura y organización, al tiempo que fija mecanismos de colaboración y coordinación interadministrativa.

Establece que el sector público está compuesto por la Administración general de la CAV, las forales y las locales, así como por los entes adscritos a las mismas. También se considera que lo integran organismos como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social Vasco, así como la UPV-EHU.

El texto contiene principios y normas comunes aplicables a todos los niveles, regula los principios que deben guiar la administración electrónica y el impulso de la participación pública por medios electrónicos y recoge que las dos lenguas oficiales serán idiomas «de servicio, de relación y de trabajo».

Contempla además la conformación de la Comisión interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del sector público autonómico, que se ocupará de formular propuestas relacionadas con el tratamiento de las posibles «ineficiencias, solapamientos y duplicidades» entre sectores públicos.

Garamendi ha subrayado que se concibe como «una ley de cabecera» que también regulará «espacios estables de participación ciudadana y asociativa» en el sector público con el fin de articular la presencia ciudadana en «la deliberación o propuesta de una política pública».

Críticas de la oposición

Desde los grupos de la oposición, la parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha asegurado que «es la misma ley que la presentada en 2015» y ha opinado que se debería ser «más ambiciosa» para «simplificar el entramado institucional de este país».

Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, ha señalado que en los principios generales podría suscitarse un amplio consenso, pero no en aspectos como los referidos a la administración electrónica, ya que considera que «falta desarrollo».

Desde PP+Cs, Luis Gordillo ha destacado que se trata de una ley «técnica» y espera que en su tramitación parlamentaria se puedan introducir aportaciones de los grupos para «mejorar» el texto y conseguir una administración «moderna y cercana». No ha dejado pasar la oportunidad de criticar los avances en los derechos lingüísticos.