Greenpeace acusa al Gobierno navarro por la granja de Caparroso ampliada judicialmente
Greenpeace ha expresado su «preocupación» por la autorización de la ampliación de la macrogranja de Caparroso y lo considera «lamentable». Acusa al Ejecutivo foral, que dejó claro que fue el Tribunal Superior de Nafarroa quien avaló el proyecto en una sentencia y anunció una reforma legal.
«Es lamentable que, pese a las reiteradas malas prácticas de la empresa en su macrogranja de Caparroso, la compañía logre su objetivo de ampliar esta explotación», ha afirmado Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace España, sobre el conflicto de la explotación de Caparroso.
A su juicio, «ante la situación de emergencia ecológica en la que nos encontramos seguimos primando conseguir más y más beneficios económicos sin importar para nada las consecuencias ambientales, sociales, sanitarias o de bienestar animal».
Y ha considerado que «éste no es el modelo que necesitamos para salir de la emergencia ecológica en la que nos encontramos ni para hacer frente al despoblamiento rural».
Para Greenpeace, «es indignante que el Gobierno de Navarra tenga la intención de permitir que unos delincuentes ambientales, con once procedimientos de infracción acumulados, logren su objetivo y consigan la ampliación de la macrogranja de Caparroso». Carga contra el Gobierno navarro.
En origen fue el TSJN el que dictó una sentencia que permitía a la cooperativa Valle de Odieta ampliar la granja hasta 7.200 cabezas de ganado y lo hizo contra la resolución del Gobierno navarro que en 2018 denegó la concesión de una nueva autorización ambiental.
Tras ello, el Gobierno de Nafarroa, que dijo no compartir la decisión judicial, anunció que trabaja ya en la modificación de la ley para impedir el establecimiento en el herrialde de «macrogranjas» que pongan en peligro tanto el medioambiente como la subsistencia de explotaciones ganaderas familiares.
Ferreirim ha añadido que «de llevarse a cabo, esta macrogranja, que tendría entonces unas 7.200 vacas, sería una de las mayores de Europa y totalmente contraria a un modelo de futuro verde preconizado por las políticas europeas, en las que se prima cada vez más la sostenibilidad».
«Desde Greenpeace exigimos que la autorización pase por un proceso de participación pública», ha dicho el responsable de la organización.
En este mismo sentido, Lorea Flores, coordinadora de Greenpeace en Hego Euskal Herria, ha afirmado que «es lamentable que la autorización siga adelante con tres condiciones muy laxas, que consideramos insuficientes para mitigar los impactos generados por esta macrovaquería».
«Recordemos que la empresa ya tiene 11 procesos sancionadores abiertos por no respetar la normativa vigente, y que nada garantiza que esto no siga ocurriendo», ha señalado.
En su opinión, «es hora de que el Gobierno de Navarra tome cartas sobre el asunto de manera contundente y ponga todos los medios que están en sus manos para parar este modelo de explotación tan perjudicial».
«Está claro que ninguna norma sirve para parar a esta empresa. La única alternativa es la paralización de la macrogranja y evitar nuevas explotaciones similares», ha sostenido.