El pulso entre lo legal y lo ilegal para reabrir Corrugados Azpeitia

La propuesta del Grupo Industrial CL de reabrir Corrugados Azpeitia es, de momento, una hipótesis. Lakua y la Diputación se han apresurado a darla por válida sin tener las documentaciones necesarias, y el Ayuntamiento de Azpeitia pide garantías legales.

La posible reapertura de Corrugados Azpeitia ha despertado una esperanza envuelta en rumorología en este municipio y en la comarca del Urola. Hace ocho años, el Grupo Gallardo Balboa cerró la factoría dedicada a la fabricación de corrugados de barras de acero dejando a 300 trabajadores en la calle. De forma dolorosa además; después de siete meses de huelga e infructuosas negociaciones con el grupo que poco hizo para salvar la factoría.

Ahora, un gigante quiere recoger las cenizas dejadas por el Grupo Gallardo. El Grupo Industrial Cristian Lay adquirió Gallardo Balboa el año pasado, tras recibir el visto bueno de los bancos acreedores y del fondo estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR), propietario entonces del conglomerado extremeño que también poseía la planta de Lasao con 30 trabajadores.

El director ejecutivo de Cristian Lay, Miguel Ángel Leal, mediante su hijo Ricardo Leal, confirmó que está estudiando la viabilidad de reabrir la planta de Corrugados en Azpeitia.

La intención inicial de CL, según publicó EL DIARIO VASCO, sería dedicar Corrugados a la fabricación de acero para la construcción y a su vez se abriría a otros sectores, en especial al eólico, ya que es también propietaria de la empresa GES (Global Energy Services) con sede en Erandio. Invertiría 50 millones de euros para reabrir la planta de Azpeitia en las instalaciones que se encuentran en el suelo urbano del municipio, creando, dice, 200 empleos directos y 500 indirectos; proyecto que, a todas luces, y como adelantó el consistorio dirigido por EH Bildu, no cumpliría ni con el Plan Urbanístico General de Azpeitia ni con el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia.

Pero lo cierto es que a pesar de que la propuesta del grupo de Miguel Ángel Leal está sin desarrollar, tanto la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, como el diputado de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, se apresuraron a afirmar que la reapertura de Corrugados es factible en las instalaciones donde se encuentra actualmente, recordando que es una de las condiciones del grupo CL para volver a poner en marcha Corrugados.

Insisten, además, en que «la pelota está en el tejado del Ayuntamiento» y que la realización de la propuesta «es cuestión de voluntad».

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ya manifestó que el consistorio tiene tantas ganas de reabrir la fábrica como CL, la Diputación o Lakua. Pero incide en que se tiene que hacer desde la legalidad, respetando el Plan Urbanístico de la localidad. «Ni la alcaldesa, ni el Gobierno municipal, ni con la unanimidad del pleno, pueden otorgar el permiso para reiniciar la actividad en el centro urbano si ello es incompatible con el Plan General. Estaría fuera de la ley por lo que no es justo pedir al ayuntamiento que no acate la ley», dijo, tajante.

Ante esto, la consejera Arantxa Tapia, afirmó que el plan urbanístico de Azpeitia no impide la reapertura de Corrugados y el obstáculo para que este proyecto pueda prosperar «es solamente político». Asimismo, Jabier Larrañaga solicitó al Ayuntamiento de Azpeitia que en lugar de poner «obstáculos» a la «voluntad real» mostrada por Cristian Lay, de los pasos necesarios para la reapertura.

Una hipótesis vendida a los medios

La incertidumbre que este pulso mediático ha provocado en las azpeitiarras quedó a la vista en la reunión abierta que convocó el pasado miércoles el Ayuntamiento de Azpeitia con los vecinos, que llenaron el Soreasu Antzokia. La alcaldesa, Nagore Alkorta, y el responsable de Urbanismo del consistorio, Josu Labaka, se vieron obligados a pausar y explicar la postura del Ayuntamiento tras la agitación mediática.

Antes de nada, Alkorta dejó claro que su equipo tiene «gran interés» en crear puestos de trabajo en el municipio y plena disposición para estudiar «todas las posibilidades legales». Pero recordó que se necesitan garantías judiciales, urbanísticas y medioambientales: «Trabajaremos a favor de este proyecto, pero con todas las garantías. Si no, podría ser perjudicial para los azpeitiarras».

Así, emplazó a Lakua y a la Diputación a trabajar juntos, «porque estamos hablando de una actividad clasificada y para poner en marcha un proyecto como este es necesario fusionar las competencias». El permiso medioambiental es competencia del Gobierno de Lakua. Y el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Azpeitia.

Alkorta explicó el desarrollo de este proceso que no pasa de ser una «hipótesis». Antes de que el conglomerado extremeño se pusiera en contacto con el consistorio, en noviembre de 2020, este emitió una nota conjunta dejando en claro que Corrugados no se volvería a poner en marcha en el emplazamiento actual, que era inviable. A partir de esa decisión empezaron a estudiar el desarrollo urbanístico en ese área.

Pero pronto llegaron los rumores y el 18 de febrero se confirmaron en la reunión que realizaron representantes de la empresa, del ayuntamiento, de la Diputación y de Lakua. CL está estudiando abrir la planta. En esa reunión el Ayuntamiento dio cuenta de su disposición de trabajar para poner en marcha Corrugados, siempre que fuera en el área de Trukutxo, ya que considera que la única solución «real y factible» es trasladar los hornos fuera del centro urbano, como defiende el Plan General aprobado por unanimidad por EH Bildu y PNV en 2013.

«Estamos frente a una hipótesis. En los medios de comunicación [Tapia y Larrañaga] nos han dicho que no hay ningún problema, que el problema medioambiental está solucionado, cuando no tenemos un proyecto sobre la mesa –y a pesar de que, como apuntaría la alcaldesa después, la vía siderúrgica que CL quiere poner en marcha es actividad clasificada, esto es, una actividad que puede ser nociva para la salud de las personas. Este tipo de actividad requiere una Autorización Ambiental Integrada, que en principio precisa de un proceso largo y costoso–. Y eso es lo que queríamos explicar. No tenemos un plan de negocios ni un plan de viabilidad económica. No nos han presentado ningún proyecto técnico. Tampoco tenemos un estudio preliminar sobre el impacto medioambiental», aclaró Alkorta.

Casco urbano Vs. Trukutxo

La alcaldesa incidió en que en 2009 se aprobó el Plan Territorial Parcial de Urola Kosta que determina que la actividad industrial de la zona donde se encuentra Corrugados se tiene que trasladar a Trukutxo, siguiendo las indicaciones europeas.

Además, las instalaciones de Corrugados en el casco urbano están situadas en una zona inundable de flujo preferente y no dispone del permiso medioambiental. De hecho, el Ayuntamiento tiene permiso para desmantelar toda la infraestructura del área clasificada como “área preferente para el desarrollo residencial”.

Por todo esto, y porque ya existe en Azpeitia otra zona preparada para albergar actividad siderúrgica, los representantes del consistorio afirmaron el miércoles que la opción de reabrir la planta en este emplazamiento está «descartada».

En el área de Trukutxo la zona industrial ya está montada, y el terreno responde a la clasificación de “área preferente para el desarrollo de las actividades económicas”. «Está expresamente preparada para albergar actividades siderúrgicas», especificó Nagore Alkorta.

Preocupación en el pueblo

El compromiso del Ayuntamiento de Azpeitia es trabajar «a favor de los intereses de las azpeitiarras» y Nagore Alkorta pidió dejar de lado los partidismos: «Esto se debe solucionar con el pueblo y tenemos que hacer caso a lo que digan los ciudadanos».

Los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a Soreasu hablaron y se mostraron preocupados por la situación. Uno aseguró que se ha intentado varias veces desarrollar distintos proyectos en el área urbana donde está Corrugados, y todas las opciones han sido denegadas, como la ampliación de la residencia para mayores. «¿Qué pasa, que el que trae dinero puede hacer lo que quiera? ¿Puede saltarse la ley?», preguntó. «No entiendo la actitud del PNV –dijo otro que vive cerca de las instalaciones–. ¿Tengo que vivir a cinco metros de una chimenea?». Y otro, al hilo de lo que dijo Alkorta, preguntó si el Ayuntamiento tiene pensado dar la palabra a la ciudadanía para decidir mediante una consulta popular el futuro de Corrugados, a lo que Josu Labaka le respondió que, aunque el Gobierno municipal «tiene el compromiso de compartir las decisiones con la ciudadanía», para hacer una consulta popular es necesario disponer de un proyecto real, algo que actualmente no existe.

Finalmente, Nagore Alkorta destacó que si la Diputación y Lakua tuvieran la misma voluntad que le piden al consistorio, podrían facilitar la apertura de Corrugados Azpeitia en Trukutxo mediante los fondos europeos y construir un futuro viable y legal para la fábrica de barras de acero.