EEUU se decide, por fin, a investigar las prácticas de la Policía de Mineápolis
El Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre la legalidad de las prácticas de la Policía de Mineápolis, un día después de que el exagente Derek Chauvin fuese declarado culpable de la muerte de George Floyd.
«Hoy anuncio que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón o prácticas policiales que son inconstitucionales o ilegales», ha declarado solemnemente el fiscal general de EEUU, Merrick Garland.
El lanzamiento de estas pesquisas llega después de que un jurado de Mineápolis declarase culpable a Derek Chauvin de tres cargos por asfixiar hasta la muerte al afroamericano George Floyd en mayo del año pasado. Y también horas después de que en otro Estado, en Ohio, una adolescente negra de 16 años muriera también a manos de la Policía.
Sobre la condena contra Chauvin, Garland ha admitido que «no aborda problemas policiales potencialmente sistémicos», si no que esta investigación de la Justicia estadounidense revisará «si hay uso excesivo de fuerza, discriminación y otros abusos».
Según el fiscal general, los investigadores hablarán con miembros de la comunidad «para escuchar sus experiencias con la Policía» y con los propios agentes sobre la formación que reciben dentro del departamento policial. «Su perspectiva es esencial», ha dicho sobre ambos grupos.
La indignación de la comunidad afroamericana de Mineápolis tras el fallecimiento de Floyd desencadenó una oleada de protestas en EEUU y en el mundo en las semanas siguientes a su muerte, con incidentes en distintas ciudades del país contra la violencia policial frente a los negros.
El anuncio de la investigación se produce apenas un día después de la emisión del veredicto en el caso contra Chauvin, que fue declarado culpable de tres delitos: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.
Como no tiene antecedentes penales, el policía solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.