«Siempre hemos apostado por el diálogo, pero en cinco años ni nos han recibido»

Los integrantes de GuraSOS Joxe Mari Izeta y Joseba Belaustegi destacan que este grupo, que acaba de cumplir cinco años, siempre ha defendido el diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la incineradora de Zubieta. Lamentan que no les han escuchado e insisten en que la cuestión no está cerrada.

¿Cómo empezó la andadura de GuraSOS hace cinco años? ¿Cuáles eran sus objetivos?

JOXE MARI IZETA: En 2016, se acaban de cumplir cinco años. Comenzamos un grupo de personas, de Lasarte y de Usurbil, muy preocupados porque el tema de la incineradora empezaba otra vez y por la salud de nuestros hijos e hijas. Entendíamos que el tema se había politizado excesivamente y pensábamos que había que volver hacia la ciudadanía, dialogar, hablar, buscar acuerdos. Ahí nace una iniciativa que con los años ha cogido mucha fuerza, pero que en definitiva surge de las conversaciones en la calle de padres y madres muy preocupados. Sobre todo desde la idea de que todavía se estaba a tiempo. Todo estaba por hacer, entonces no se había adjudicado todavía. Y todo apuntaba a que una situación conflictiva de 35 años se podía resolver si realmente los que estaban en la gobernanza tenían la voluntad de contar con los ciudadanos, dialogar y llegar a acuerdos. Si GuraSOS ha sido algo, ha sido una gran preocupación por los hijos y por la salud, pero sobre todo una bandera por el diálogo y el acuerdo. Además, con una corresponsabilidad. En ningún momento nuestra tarea ha sido criticar, sino construir juntos. El resultado es otra cosa. Nos hemos encontrado con una Diputación muy lejana, con una gran incapacidad para dialogar con nosotros y no ha habido más que dificultades continuas para que en vez de conflicto haya acuerdos.

En este sentido, el balance no puede ser positivo.

J.M.I.: Ellos creen que todo está hecho y nosotros pensamos que hay mucho por hacer. Si algo queremos es que no sigamos otros 35 años con conflictos y, además, contaminando.

Uno de los ámbitos en el que han trabajado ha sido el judicial. Una labor que ha sido complicada y en la que han tenido bastantes trabas.

JOSEBA BELAUSTEGI: Nosotros, cuando nacemos, lo hacemos en un contexto en el que las autoridades están exponiendo que tienen la intención de retomar el proyecto de la incineradora, que ya había encontrado una gran oposición en el pasado. En ese contexto, el 6 de junio de 2016, la propia Diputación hace público que va a hacer un proceso de participación ciudadana. En esas fechas, solicitamos que ese proceso debía englobar también la posibilidad de no hacer la incineradora. Porque dijeron que la decisión de hacer la incineradora ya estaba tomada. ¿Qué proceso de participación es ese? Nosotros planteábamos, como dice la ley, que todas las posibilidades estuvieran abiertas. En ese momento, nos contestan el 28 de julio diciendo que no hay proceso de participación y ese mismo día inician el expediente de contratación de la incineradora. A partir de ahí, vamos ahondando en toda esta cuestión desde el punto de vista legal y nos encontramos con el convenio de Aarhus sobre información, participación y acceso a la Justicia en materia ambiental que está ratificado por el Reino de España y también por la propia UE. Está en las directivas europeas y en las leyes en vigor en España. De acuerdo con estas leyes, los planes de residuos hay que revisarlos como máximo cada seis años. La última revisión fue en 2008 y se hizo sin proceso de participación ciudadana. Era obvio que tocaba por ley hacer un proceso participativa antes de decidir si se hacía o no la incineradora. No lo hicieron. Guardaron en un cajón el proceso de participación que habían anunciado. Nos dijeron que no iba a haber proceso de participación y emprendieron el camino la incineradora. Eso nos obligó, desde ese momento, al peregrinaje judicial. En ese peregrinaje judicial nos hemos encontrado con dos cuestiones. Por un lado, que los juzgados y tribunales, en ninguno de los pleitos que hemos emprendido, no se han metido en el fondo de la cuestión. Por otro lado, hemos tenido una estrategia de la Diputación de Gipuzkoa, del Gobierno vasco y de GHK de intentar evitar el acceso a la Justicia negándonos la legitimación para recurrir, alegando que hemos recurrido fuera de plazo, … Han usado cualquier excusa para evitar entrar al fondo de la cuestión. Los tribunales y juzgados han seguido esta estrategia y nos hemos encontrado con que se nos han negado los tres pilares de la democracia ambiental: el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la Justicia en materia ambiental. Esto culminará en Naciones Unidas, donde en los próximos meses vamos a presentar una denuncia ante la Comisión Permanente de Seguimiento del Convenio de Aarhus contra el Reino de España y, específicamente, contra la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y los tribunales vascos.

En este caso, se ha llegado a rizar el rizo hasta el punto de que la propia Diputación ha actuado contra el autogobierno en el Constitucional.

J.B.: Si hay tanto interés en no entra en el fondo del asunto, por algo será. A cualquier precio, han intentado evitar que haya un control judicial de lo que han hecho. Había una ley vasca de Medio Ambiente, que tenía más de 25 años. De 1998. Era bastante avanzado en cuanto a democracia ambiental porque permitía a cualquier ciudadano interponer un recurso. Fueron al Constitucional a pedir que anulara ese artículo para quitarse de encima el control ciudadano. Antes atacamos el autogobierno que la ciudadanía que no está a favor de nuestro proyecto acceda a la Justicia ambiental.

El último capítulo ha sido la fianza impuesta en la causa penal por el vertido de Arkaitzerreka.

J.B.: Cuando hablamos de estrategia es porque hay una estrategia en toda regla. Aquí hay una especia de cultura muy antidemocrática, que ha sido exteriorizada por parlamentarios representantes de los grupos que apoyan este proyecto. Dicen que la democracia es aceptar lo que dice la mayoría. Es el fundamento de todas sus decisiones. «Esto ya lo hemos decidido nosotros y hemos ganado unas elecciones». Y es justo lo contrario. La democracia ambiental es adoptar las decisiones tras haber escuchado a la ciudadanía después de darle la información y el derecho a participar previamente. Es decir, si no hay participación no hay decisión democrática. En este caso no hay decisión democrática. La vía penal es la última vía que nos queda abierta para que alguien entre al fondo de la cuestión. En este asunto además de delitos ambientales, que los ha habido, hay delitos de corrupción que se han cometido para hacer primar una voluntad política y que salga adelante cueste lo que cueste. Hay dos investigaciones penales abiertas. Una de ellas es por el vertido de amoniaco de Arkaitzerreka. Está imputado GHK y queremos ahondar en esa investigación. No queremos que se cierre con cuatro pececillos del organigrama, queremos coger a los peces gordos. La Fiscalía no lo va a hacer. Para eso estamos nosotros como acción popular. Llevamos un año intentando personarnos y nos han admitido, pero nos exigen una fianza de 6.000 euros. También nos han dicho que ya es hora de que claudiquemos. ¿Claudicamos? ¿Cesamos en las investigaciones y en el control? ¿O tejemos una red social y entre todos ponemos los 6.000 euros para que podamos investigar y coger al pez gordo? Es un reto que tenemos como sociedad. Sin el apoyo social que hemos tenido (económico, de movilización, de auzolan…) no somos nadie. Ahora ponemos el reto de recaudar rápidamente esos 6.000 euros.

J.M.I.: En estos cinco años hemos observado que el fondo político de la cuestión de la incineradora se marca en una disyuntiva entre ganadores y perdedores. No hubo posibilidad de acceder al diálogo porque estaba decidido que en el tema de la incineradora tenía que haber ganadores y perdedores. Todas las estrategias se pueden entender a la luz de una decisión ya tomada.

Otra característica de la Diputación ha sido el oscurantismo, llegando a negar el acceso a la documentación incluso a miembros de la Juntas Generales como sucedió con la cuestionada homologación de los hornos.

J.B.: Si hacemos un balance de estos cinco años, uno de los aspectos más positivos es que cuando la sociedad se organiza y tiene claro que tiene que ejercer un control de las autoridades, llega un momento que se ponen nerviosos. Hasta el extremo de que un día, en las Juntas Generales, cuando era evidente que habíamos sacado un documento que decía que no había homologación de los hornos, la defensa del diputado que no quería enseñar ningún papel era denunciar que se ponía en cuestión su honorabilidad. Ha habido un control social importante y las autoridades se han visto incómodas. Por eso nos piden que claudiquemos. ¿Cuándo se ha visto que una autoridad que tiene que fomentar el asociacionismo y el debate social y democrático está pidiendo a los agentes sociales que claudiquen? Se puede oír de un dictador, pero nunca pensé que lo iba a escuchar de un representante democrático. Pero hay una razón. Estamos molestando. Por eso es importante no echar la toalla antes de tiempo. Hemos conseguido evidencias grandes irregularidades, grandes deficiencias. En una actividad molesta y peligrosa como esta, lo que más tiene que haber son garantías. No puede haber dudas de que todo esté correctamente.

Incluso se ha llegado hasta el insulto, en el intento de descalificar a GuraSOS. ¿Cómo se lleva eso siendo un colectivo de ciudadanos de a pie y teniendo en frente a la Diputación y a las instituciones?

J.M.I.: Una de las cosas que más les ha podido molestar es que somos un movimiento amplio. Nos han querido situar en la trinchera de EH Bildu y de Podemos. Pero continuamente les hemos demostrado que somos transversales. Intentan colocar al otro enfrente para neutralizarlo. Han tenido muchas dificultades para ello y han tenido que recurrir a estrategias porque estaban excesivamente acostumbrados a establecer la disyuntiva de vosotros/nosotros o buenos/malos. No nos han podido colocar tan fácil en el otro lado. Desde el principio, tuvimos muy claro que cualquier persona que quisiera un futuro mejor y más sano para sus hijos e hijas, más allá de sus convicciones ideológicas, podía estar en GuraSOS.

J.B.: Es una estrategia que tiene dos finalidades. Una es intentar evitar que podamos influir en sectores que pueden considerar como cercanos a ellos. Estigmatizas al sujeto para que no se le acerque nadie. Por otro lado, querían justificar que no están con el diálogo, para lo que nos tienen que cosificar y criminalizar. Nunca lo hemos cogido en el plano personal, sino como una señal de que estamos haciendo bien las cosas.

En cualquier caso, no deja de ser lamentable que por reivindicar cuestiones básicas haya que estar en la pelea continua.

J.B.: Es un reflejo de la deficiente calidad democrática que tenemos. Hay una concepción democrática muy arcaica implantada aquí. Además, no quiere evoluciones. Hemos sido una tentación para salirnos de esas inercias y tenemos fuerzas que están completamente en contra de eso.

J.M.I.: Nunca se han sentado con nosotros. Entiendo que si surges como una asociación que todavía no tienes cierta entidad no se quieran reunir. Pero GuraSOS ha demostrado que ha sabido aglutinar muchas fuerzas. Desde muchas manifestaciones les hemos emplazado a un diálogo simplemente para demostrarles cuáles eran nuestra intenciones y que nos pudieran conocer un poco mejor, nunca nos han dado esa posibilidad. Eso dice mucho. Todo lo que hablan de construir se queda a la altura del barro cuando ellos mismos no son capaces de establecer un diálogo con un grupo que ha podido movilizar a muchísima gente en Gipuzkoa en los últimos cinco años.

J.B.: Nuestro momento más álgido se produce en diciembre de 2018, cuando con la participación de miles de personas que aportan dinero, con un presupuesto de 80.000 euros recogidos en auzolan, se consigue hacer un proceso de participación absolutamente modélico. Se hace un plan técnico alternativo que permite reutilizar o replantear el proyecto. Con un comité de garantías plural. Fuimos con los niños a la Diputación para entregarles el plan y ni nos reciben ni se reúnen con nosotros. Nunca se ha hablado de esa propuesta que ha sido elaborada con la participación de la sociedad. Es una muestra de debilidad. Solo el débil se niega a sentarse.

A todo esto, hemos llegado a un punto en el que tenemos la incineradora ya construida y se va en contradicción de las últimas directrices europeas, que están abandonado este proceso.

J.B.: Ya lo advertimos al principio. Las tendencias europeas ya indicaban el fin de esta era. Ahora mismo, la situación en Europa es de claro retroceso, de involución, en el tema de la incineración. Se ha empezado a desmantelar toda la industria de la valorización energética. El país pionero en la incineración es Dinamarca. No por una cuestión de gestión de residuos, sino por política energética. Queman tres millones de toneladas al año. Un tercio viene de Reino Unido. Importan porque no están tratando residuos sino generando energía. El problema es que Dinamarca se ha encontrado con el problema de la descarbonización y ha aprobado una ley para el cambio climático. Fruto de esa ley, ha decidido desmantelar un tercio de sus 21 plantas de valorización energética. Están construidas con la técnica financiera que se ha empleado aquí, con las concesiones de obra a muchos años. Le va suponer un pastón al Gobierno danés desmantelar. Eso mismo está pasando a nivel europeo. El último ejemplo es que el 22 de abril la Comisión Europea ha aprobado la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles, lo que defina qué es una actividad verde. Y la valorización energética ha quedado fuera. Todo lo que nos han vendido es humo, humo negro. No hay economía circular, no contribuye a mitigar el cambio climático. Pero es más sangrante. Una de las razones para haber quedado excluida es que emiten el doble de CO2 por kilowatio hora que la media de las centrales europeas, incluidas las de carbón. Esto ya es el pasado. El problema es que aquí acaban de iniciar para 35 años algo a lo que en Europa ya le han sacado la tarjeta amarilla y le han pitado el fuera de juego.

J.M.I.: Sabiendo que las directrices europeas y la sensibilidad ciudadana iban en un sentido de tomar conciencia del cambio climático, han puesto en marcha la incineradora pensando que sería más difícil pararlo y echarlo para atrás. Eran conscientes de lo que estaban haciendo y de los tiempos. En estos cinco años ha crecido exponencialmente la sensibilidad en torno a esta cuestión. Han ido hacia los hechos consumados, para luego tener el argumento de que económicamente es inviable echarse atrás.

J.B.: En el plan alternativo que presentamos teníamos un plan de contingencia que con coste cero planteaba rediseñar las instalaciones de la incineradora, dando solución al tema de los residuos. La excusa económica también se la hemos quitado. Va más por la cuestión de ganadores y perdedores. Para nosotros ganar es lograr un gran acuerdo, porque solo así ganamos todos y para siempre. Pero es evidente que no les ha salido tan bien como dicen, porque no ha habido inauguración. No ha venido Urkullu. Ni tampoco Arantza Tapia. Seguimos pensando que la única solución es el diálogo. No puede estar en funcimiento 35 años. Hay que arreglarlo. Con negociación, debate y acuerdo.