Aprobada la Ley de Infancia con el voto de los grupos vascos y el ‘no’ de la extrema derecha

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con el voto a favor de los diputados vascos la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores. Solo Vox ha votado en contra.

La Ley integral de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha sido aprobada este jueves en el Congreso con 297 votos a favor y la única oposición de Vox. Los diputados de PNV y EH Bildu han apoyado una norma que ha experimentado una «mejora sustancial» en la tramitación parlamentaria, garantizando el respeto a las competencias autonómicas.

Con su entrada en vigor, habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años y no 18 como ahora, y cualquier persona que conozca un caso o sospecha de violencia contra niños deberá denunciarlo.

La ley amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.

Gracias a la nueva ley, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación y se suspenderá el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia machista o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.

Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno español el pasado mes de junio por trámite de urgencia, muchas de ellas trasladadas por las entidades de infancia.

En la Cámara Alta se incorporó la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores no acompañados; y se agregó la limitación de las medidas de contención física, como las sujeciones a la cama en centros de menores.

En la Cámara Baja se mejoró el reconocimiento del derecho de los niños y niñas a ser escuchados a lo largo de todo el proceso; y se eliminaron planteamientos sin base científica, como el llamado síndrome de alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.

«Ley pionera»

Las organizaciones sociales han coincidido en que es una «ley pionera», que incorpora los requerimientos del Comité de Derechos del Niño desde 2010. Y han advertido de que ahora queda aplicarla, en alusión a los plazos y a los compromisos recogidos en la norma.

Así, desde  Save the Children, la Plataforma de Infancia y Unicef han recordado e el mandato de crear juzgados especializados en infancia, la aprobación de una estrategia y la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil, que va a dar voz a los niños para la elaboración de las políticas públicas.

Las ONG han celebrado este jueves la aprobación en la escalinata de los leones, en una de las puertas del Congreso, junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el Alto Comisionado del Gobierno contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.

«No va a ocupar portadas la aprobación de esta ley, pero es un paso esencial que demuestra que la política puede, debe y va a mejorar la vida de un país», ha destacado la ministra Belarra, quien ha insistido en que «un maltratador jamás será un buen padre».

«Podemos decir que estamos haciendo política con mayúsculas, la que cambia la vida de la gente y le da sentido a la palabra democracia», ha concluido.

Carencias de la norma

Cabe señalar que, a pesar de la celebración general de la ley, algunos grupos han criticado ciertos puntos del texto legislativo. La mayor oposición se ha dirigido al artículo 39 que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que, según han alertado varias formaciones y ONGs de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias».

Otras carencias de la ley, según han indicado las diputadas de ERC, María Carvalho, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es que no se prohíben los desahucios de familias con menores a cargo.