Lakua aprueba el proyecto de Ley de Empleo Público, que afecta a 100.000 trabajadores
El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Empleo Público de la CAV, que regula la actividad de más de 100.000 trabajadores e incorpora instrumentos de ordenación y profesionalización como el sistema de la evaluación del desempeño directamente ligado con la carrera profesional.
El proyecto aprobado este martes por el Ejecutivo de Lakua asienta «en toda su extensión» el «modelo vasco» en el ámbito del empleo publico en la medida que se aborda «el conjunto de los aspectos» relativos a este sector, ha indicado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.
Garamendi ha explicado que la ley ha incorporado solo la primera disposición adicional incluida en la norma de Cuerpos y Escalas sobre procesos de consolidación para que tenga «los visos jurídicos de absoluta legalidad en su recorrido».
Esto «no obsta para nada» a que el Gobierno autonómico renuncie a la vía planteada en la disposición adicional segunda de dicha ley, que contemplaba una «vía explícita» de acceso para las personas que llevaban ocho años o más en las administración general de la CAV.
El Tribunal Constitucional español anuló la disposición transitoria décima de la Ley autonómica de Policía tras un recurso del Gobierno de Pedro Sánchez que era idéntica a la de Cuerpos y escalas.
«Nuestra vía sigue siendo la de intentar posibilitar que los interinos que llevan largo recorrido en la administración tengan una fórmula de acceso que si no es diferenciada sea mejorada», ha remarcado Garamendi.
La norma aprobada este martes tiene por objeto la ordenación, definición del régimen jurídico y regulación de los instrumentos de gestión del empleo público en su conjunto, ha indicado.
Este modelo «fortalecerá la singularidad» del entramado institucional de la CAV y favorecerá su coordinación gracias a la creación de un «nuevo órgano», la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en el que las diferentes instituciones representadas podrán compartir experiencias, aunar criterios o promover políticas comunes, ha asegurado la consejera.
Esta norma actualiza la regulación en vigor, que data de 1989, con el propósito de «introducir elementos básicos de innovación que hagan del empleo publico una institución con alto grado de profesionalización, imparcial y responsable por la gestión de sus resultados» ha enfatizado.
La consejera ha destacado la relevancia de la iniciativa porque es necesario contar con instrumentos «de ordenación» como los planes de evaluación de desempeño que están ligados con la carrera profesional.
Propone diferentes modalidades para que los funcionarios puedan ir progresando dentro de la Administración y contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de méritos, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo.
Subraya además la importancia de la formación continua y la colaboración con el IVAP.
Garamendi ha destacado que el texto se asienta en principios como la igualdad de genero, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia de género, la igualdad lingüística con «una administración euskaldun que desarrolle sus funciones igual que lo hace en castellano», y la convocatoria de procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual.
Asimismo ha remarcado el trabajo desarrollado por instituciones y sindicatos y ha indicado, como muestra del valor de la negociación en el proceso de elaboración de la norma, la inclusión de un título en exclusiva a la negociación colectiva.