Aplazado el juicio por corrupción contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma
La justicia sudafricana ha aplazado al 10 de agosto el juicio en el que está siendo procesado el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por corrupción y otros cargos en relación con un acuerdo armamentístico millonario.
«El juicio queda aplazado para los días del 10 al 13 de agosto de 2021»,ha dictaminado el juez Piet Koen en una vista virtual celebrada este martes por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg, una de las ciudades más golpeadas por la oleada de saqueos e incidentes masivos que ha vivido recientemente el país.
La defensa del exmandatario había solicitado este lunes el aplazamiento del juicio porque, según el abogado Dali Mpofu, no poder celebrar actualmente vistas en persona por la situación de seguridad violaría el «derecho» de Zuma a un «juicio justo».
La defensa también incidió en reclamar la recusación del procurador del caso, Billy Downer, pero la Fiscalía sostuvo que Zuma solo busca «desesperadamente» nuevas vías para aplazar su obligación de responder por los cargos que se le imputan.
Aunque el magistrado mantiene de momento la decisión de que el juicio sea virtual, Koen abrió la puerta a un cambio en esta directiva y ha solicitado este martes a las partes del proceso que entreguen antes del 2 de agosto una lista de «las consideraciones y posibles prejuicios» que estimen relevantes en este sentido.
Como el resto de las partes implicadas, Zuma ha comparecido y escuchado el dictamen del juez de manera virtual desde la prisión de Estcourt, en el este de Sudáfrica, aunque no se ha podido ver su imagen en la retransmisión y se ha mantenido en silencio.
Graves acusaciones
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, se le acusa de haberse embolsado más de cuatro millones de rands (o 235.000 euros), en particular del grupo Thales, fue uno de las adjudicatarios del contrato, valorado en 2.800 millones de euros.
El gigante francés también está siendo procesado por corrupción y lavado de dinero. Zuma, como Thales, siempre ha negado estas acusaciones.
La imputación a Zuma siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, fue acusado formalmente.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.
Además de estos casos, el exmandatario ya tuvo que devolver en 2016 medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada.
Incidentes generalizados
Las acusaciones contra Zuma por el caso del acuerdo de armas son las más avanzadas judicialmente, pero no las únicas que penden sobre el polémico expresidente.
Entre ellas destacan las de la «Captura del Estado», una investigación en la que se le acusa de «orquestar durante su Gobierno un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público para beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines».
En el marco de ese caso, Zuma se negó reiteradamente a testificar ante la comisión judicial oficial que lo investiga, lo que el 29 de junio pasado llevó al Tribunal Constitucional sudafricano a condenarlo a 15 meses de cárcel por desacato judicial.
Zuma, que alega que todas las acusaciones contra él son una persecución por motivos políticos, afirmó entonces que ir a la cárcel sería para él una «sentencia de muerte» y su entorno advirtió de que habría agitación social.
Dos días después de su entrada en prisión, Sudáfrica comenzó a vivir varias jornadas de incidentes y saqueos que, si bien empezaron en forma de protestas de apoyo al exmandatario, degeneraron después en violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
Seis «instigadores» detenidos
El Gobierno afirma que los incidentes, que han dejado 215 muertos y más de 3.400 detenidos, fueron «instigados» y «planeados e investigan si estuvieron implicadas personas afines a Zuma.
En este sentido, la ministra interina de la Presidencia de Sudáfrica, Khumbudzo Ntshavheni, anunció este lunes que seis personas han sido arrestadas como presuntos instigadores.
«Tenemos seis arrestos de los instigadores, y de los arrestados, tres ya habían comparecido, pero fueron puestos bajo custodia policial para audiencias judiciales en las próximas semanas», declaró.
Por otro lado, el portavoz de Autoridad Nacional de la Fiscalía en Gauteng, Phindi Mjonondwane, ha explicado que 628 sospechosos se enfrentan cargos de «violencia pública, robo, daño intencional a la propiedad», entre otros.