El desahucio amenaza a millones de personas en EEUU en plena escalada de la variante Delta
Millones de familias estadounidenses que llevan meses sin poder pagar el alquiler a causa de la crisis provocada por el covid corren el riesgo de ser desalojadas de sus casas a partir de este sábado, cuando expira la suspensión de los desahucios que las ha protegido hasta el momento.
Los congresistas de la Cámara de Representantes de EEUU no lograron acordar el viernes otorgar un tiempo adicional a los inquilinos de viviendas en dificultades para afrontar los pagos. Ello pese a que la variante Delta del coronavirus está impulsando un nuevo brote de contagios de covid-19 por todo el país.
Una comisión parlamentaria había propuesto extender la moratoria hasta el 31 de diciembre, pero no consiguió el apoyo suficiente, ni siquiera en las filas del Partido Demócrata.
«Desafortunadamente, ni un solo republicano apoya esta medida. (...) Es muy decepcionante que los republicanos en la Cámara y el Senado se hayan negado a trabajar con nosotros en este tema», lamentó la noche del viernes la presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Fuentes del Congreso señalaron a AFP que la propuesta también está lejos de contar con el apoyo unánime de la propia bancada demócrata.
«Esto es un problema de salud pública», declaró Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa previa a la votación del viernes en la Cámara de Representantes.
Pero los legisladores han comenzado este sábado un periodo de vacaciones, que se prolongará hasta finales de agosto, y los senadores les seguirán dentro de una semana, lo que descarta cualquier esperanza de llegar a un acuerdo rápido.
Hasta el último momento
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron la suspensión de desalojos en setiembre de 2020, cuando la economía más grande del mundo había perdido más de 20 millones de empleos a causa de los cierres por la pandemia. Los CDC advirtieron de que el aumento de las personas sin hogar incrementaría los contagios de covid-19.
Actualmente, más de 10 millones de personas están atrasadas en el pago de su alquiler, según estima el CBPP, un instituto de investigación independiente.
Y unos 3,6 millones de personas creen que corren el riesgo de ser desalojados en dos meses, según un estudio de la Oficina de Estadísticas realizado a principios de julio entre 51 millones de inquilinos.
El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió el jueves al Congreso que extienda la moratoria, después de que en junio un fallo de la Corte Suprema estableciera que la Casa Blanca no podía hacerlo. Pero muchos le reprochan haber esperado hasta el último momento.
«Estamos a tres días del final de la moratoria inconstitucional a los desalojos de los CDC y cuál es la solución del presidente Biden: arremeter contra la Corte y pedirle al Congreso que lo remedie», dijo días atrás Patrick McHenry, el vicepresidente republicano del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
McHenry aseguró que los republicanos habían propuesto en esa comisión un texto para poder prorrogar la moratoria, pero no recibieron respuesta.
Ayuda financiera bloqueada
A esta absurda situación se suma la circunstancia de que el dinero destinado por el Gobierno federal para ayudar a las personas y familias en dificultades a pagar el alquiler llega a cuentagotas a sus cuentas bancarias.
Ese dinero se entrega a los estados y las comunidades locales, que luego son responsables de distribuir la ayuda a los hogares. Esto requiere el establecimiento de sistemas complejos para recibir solicitudes, verificar situaciones y, solo entonces, entregar la ayuda.
El resultado es que, de los 46.000 millones de dólares previstos por el Gobierno para este fin, incluidos los 25.000 millones desembolsados a principios de febrero, solo 3.000 millones han llegado a su destino.
Testimonios de una situación dramática
«Si tiene que pasar, que pase (...). Yo haré lo que tenga que hacer para sobrevivir», comenta con tono fatalista Terriana Clark al sitio de noticias regional NOLA.
La moratoria sobre los desalojos por rentas impagadas permitió a esta residente en Luisiana, de 27 años y que estaba desempleada debido a una enfermedad, escapar del desalojo el mes pasado.
Así que cuando la amenazan con acabar en la calle, responde que ya vivió la mayor parte de 2020 en un coche, con su marido y sus dos hijos.
Mary Hunt, conductora de vehículos sanitarios en Michigan, también está luchando para pagar el alquiler de su mobile-home después de haber estado enferma de covid-19.
«Si pierdo este alojamiento, entonces mis cinco gatos y mi perro vendrán a vivir conmigo en el auto. La gente puede pensar que estoy loca, pero no abandonaré a mi familia», indicó a la emisora NPR.
Dos testimonios que reflejan las situaciones dramáticas que persisten después de tres días de gran confusión política y que todavía podrían empeorar en las próximas jornadas.