Entra en vigor en Texas una ley que prohíbe la inmensa mayoría de los abortos que se practican
Una polémica ley que prácticamente prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, salvo si la salud de la mujer se ve comprometida, ha entrado en vigor este miércoles en Texas. La Corte Suprema de EEUU, claramente inclinada hacia las tesis conservadoras, debe decidir sobre la cuestión.
La mayoría de los abortos que se venían practicando hasta ahora se han vuelto ilegales en el muy conservador estado de Texas, donde una ley que, además, alienta a las personas a denunciar a quien la incumpla ha entrado en vigor este miércoles.
La conocida como Ley 8 del Senado de Texas ha entrado en vigor este miércoles a la espera de que la Corte Suprema de EEUU, que cuenta con una mayoría conservadora, adopte una resolución sobre el fondo de esta cuestión, después de haberse abstenido ante la solicitud de urgencia para bloquearla.
La nueva norma supone que prácticamente se veta abortar en Texas a las seis semanas de embarazo, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación. La única salvedad que se acepta es si la salud de la embarazada se ve comprometida.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EEUU en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso ‘Roe contra Wade’, en el que reconoció que una mujer puede poner fin a su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.
El 85% de las mujeres que abortan
En su solicitud de emergencia ante el Supremo para bloquear la entrada en vigor de la legislación, las clínicas de servicios abortivos advirtieron de que la ley «reduce inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, prohibiendo cuidados a al menos el 85% de las pacientes» que requieren de una intervención de este tipo en el estado.
Una de las clínicas demandantes, Whole Woman's Health, ha informado de que estuvo ofreciendo servicios hasta poco antes de la pasada medianoche.
«Nuestro personal clínico vio a pacientes hasta las 23.56, justo tres minutos antes de que la prohibición del aborto entrara en vigor en Texas», ha tuiteado.
La potente organización de derechos humanos ACLU también ha subrayado que «el acceso a casi todos los abortos se ha cortado para millones de personas. El impacto es inmediato y devastador».
Por su parte, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha valorado que la inacción de la Corte «es un desastre para las mujeres en Texas».
Respuesta de Biden
El presidente de EEUU, Joe Biden, ha remarcado que la ley contraviene el derecho constitucional establecido en el caso 'Roe v. Wade', que funciona como precedente legal desde hace casi medio siglo; y ha lamentado que la ley de Texas "perjudicará significativamente" el acceso de las mujeres a atención sanitaria necesaria, algo que afectará particularmente a las comunidades racializadas y a las mujeres de bajos ingresos.
Asimismo, ha tildado de «atroz» el hecho de que cualquier persona pueda denunciar a otra que ha colaborado en la consecución de un aborto. «Mi Administración está profundamente comprometida con el derecho constitucional establecido en 'Roe v. Wade' hace casi cinco décadas y protegerá y defenderá ese derecho», ha zanjado.
Triquiñuela legal
Los precedentes marcados por la Corte Suprema vetan a los estados prohibir el aborto antes de que el feto sea viable, es decir, cuando puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, a las 22 o 24 semanas.
Antes de Texas, doce estados han aprobado leyes para prohibir los abortos tan pronto como se noten los latidos del corazón del embrión, lo que generalmente sucede a las seis semanas y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas.
Todas estas leyes han sido invalidadas en los tribunales porque violan la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, la norma de Texas, que fue firmada en mayo por el gobernador Greg Abbott, un republicano, fue redactada para ponérselo difícil a los tribunales, ya que normalmente una demanda que busca bloquear una ley al considerarla inconstitucional contempla como acusados a funcionarios gubernamentales.
Pero esta ley prohíbe a los funcionarios estatales aplicar la legislación al delegar «exclusivamente» en personas particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.
La norma texana establece que los ciudadanos que inicien procedimientos reciban al menos 10.000 dólares en «compensación» en caso de condena y, además, lograrían el cierre de las clínicas en cuestión.
Mientras que quienes rechazan este texto legal ven esa medida como el pago de un «bono» por denunciar, sus defensores ya han dispuesto en Internet formularios para recoger «informaciones anónimas».
«Mal presagio»
Que la Alta Corte no haya actuado a tiempo «no significa el fin de Roe v. Wade», según ha comentado el profesor de Derecho Steve Vladeck en referencia a la emblemática sentencia de 1973, ya que todavía puede bloquear la ley texana durante la jornada de este miércoles.
Pero ha asumido que el hecho de que haya permitido que entre en vigor es «un mal presagio de lo que nos espera en el futuro, en este caso o en otro».
El expresidente Donald Trump tuvo tiempo de reorganizar profundamente la Corte Suprema, incorporando a tres de los nueve magistrados que fueron elegidos por sus hojas de servicio en las filas conservadoras.
Esto ha galvanizado a los opositores al aborto, que compiten con la imaginación para brindarle a la Corte Suprema oportunidades para revertir su jurisprudencia.
Y ya les ha enviado señales positivas, puesto que acordó examinar en su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de la semana 15 de embarazo, lo que sugiere que podría volver al criterio de «viabilidad del feto» planteado hasta ahora.