Grietas en el consenso sobre la Catalunya del futuro

El acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno español para mejorar el Aeropuerto del Prat divide al Ejecutivo catalán y provoca el rechazo de amplios sectores sociales para quienes la operación supondría un atentado contra el ecosistema y el desarrollo sostenible.

Si el Aeropuerto del Prat-Josep Tarradellas se convierte en un hub internacional, Catalunya dará un salto económico en todo los aspectos. Llegarán más turistas, aumentarán las empresas interesadas en abrir negocios y el número de ferias, certámenes y atracciones se multiplicarán de forma exponencial. Este es el gran argumento del acuerdo al que llegaron el conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de AENA, Mauricio Lucena, el 2 de agosto en el marco de la reunión bilateral Catalunya-Estado.

Este acuerdo, que no figuraba en la agenda oficial, se cerró con el compromiso de AENA de invertir 1.700 millones de euros para que el aeropuerto alargue su pista 500 metros, lo que permitiría incrementar su capacidad de pasajeros de los 55 millones actuales hasta 70 millones y, mediante líneas ferroviarias de alta velocidad, conectarlo con los aeródromos de Reus y Girona.

Según el gestor aeroportuario, la ampliación generaría 185.000 puestos de trabajo y sería la mayor inversión en infraestructuras de la última década en el Estado español.

Aterrizaje forzoso

Hacer de Barcelona un centro internacional de operaciones aeronáuticas es una vieja aspiración del catalanismo político, para el cual el monopolio del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas impide que Catalunya tenga apertura directa al mercado internacional, mejore sus relaciones comerciales, y se sitúe como la principal área financiera y turística del sur de Europa.

Ya en 2007, la Plataforma pel Dret a Decidir convocó una movilización multitudinaria que, bajo el lema “Som una nació i diem prou! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures” (¡Somos una nación y decimos basta! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras), reclamó que Catalunya pudiera gestionar las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias y, de esta manera, terminar con el modelo radial y centralizado que, a través de AENA, prioriza el aeropuerto de la capital del Estado.

Así lo exigía también el entonces conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, para el cual la falta de inversiones del Ejecutivo estatal dejaban al Prat sin los servicios necesarios para mejorar su funcionamiento y aprovechar todas sus potencialidades.

Catorce años después, el pacto alcanzado entre el Ministerio de Transportes, AENA y la Generalitat parece resolver estos déficits pero, al mismo tiempo, amplios sectores denuncian que es incompatible con las prioridades derivadas de la actual crisis sanitaria y el modelo económico que requiere Catalunya, ya que las obras causarían un grave impacto sobre el medio ambiente, la salud y el progreso del país.

En estos momentos, excepto el PSC, todos los partidos de izquierdas, el conjunto del movimiento ecologista y los ayuntamientos de la comarca del Baix Llobregat más afectados por el proyecto –El Prat, Gavà y Viladecans– se oponen al acuerdo. Más allá de discutir su oportunidad, advierten de que ampliar esta infraestructura acabaría con La Ricarda, la laguna que garantiza uno de los ecosistemas naturales más importantes de Europa por su biodiversidad y calificado por la UE como zona de especial protección para las aves (ZEPA). En caso de ejecutarse el proyecto, La Ricarda desaparecería o quedaría fuera de su ubicación actual, con los efectos ambientales que esto provocaría.

Del mismo modo, recuerdan que el aeropuerto ya es uno de los focos de emisión de gases de efecto invernadero dentro del área metropolitana de Barcelona, de manera que su ampliación supondría un grave perjuicio para la salud y el ecosistema del entorno. «El aéreo es el transporte que desprende más CO2, óxido de nitrógeno y otros gases dañinos para la capa de ozono», indican desde Ecologistas en Acción.

Modelos enfrentados

El proyecto que ofrece AENA también ha creado una importante grieta entre los socios del Govern, donde las opiniones del sector liberal de JxCat colisionan con las del sector más progresista de ERC.

En el lado posconvergente, el acuerdo ha sido aplaudido por el conseller de Economía, Ramon Tramosa, para quien la posibilidad de «alargar la pista del aeropuerto es la única solución en vistas a mejorar la posición intercontinental de Barcelona», o Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y actual diputado de JxCat, quien opina que «ayudará a atraer las empresas y el talento a Catalunya».

El conseller Puigneró ha celebrado incluso la posibilidad de convertir El Prat en «el aeropuerto más verde de Europa», para lo cual se ha comprometido a invertir en combustibles no contaminantes y adoptar medidas compensatorias en materia ecológica.

Para la vicesecretaria y portavoz de ERC, Marta Vilalta, esas medidas compensatorias son «un cuento de hadas» ya que «no garantizan la preservación del Delta del Llobregat ni del Parque Agrario». Una opinión que han compartido, con matices, la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella, o el exparlamentario en el Congreso español Joan Tardá, para quienes «Catalunya está comprometida con la protección de los espacios naturales y la lucha contra el cambio climático», de ahí que «cualquier proyecto ha de velar por estos principios». Y Jovent Republicà, las juventudes de ERC, se ha mostrado rotunda al señalar que «perpetuará un modelo precarizador, insostenible y agotado».

En esta perspectiva tampoco han faltado las críticas de la CUP, En Comú Podem, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y decenas de organizaciones ciudadanas que, ante el anuncio de AENA, se han sumado a la marcha que para el 21 de setiembre ha organizado la plataforma Zero Port bajo el lema “Ampliacions d’aeroports? No, gràcies! En lluita pel clima, la salut i la vida”.

De esta forma, y mientras se espera conocer el plan director del proyecto y el informe que ha de elaborar la Unión Europea respecto al impacto ambiental de la operación, todos los actores toman posición ante un acuerdo que ha implosionado el frágil consenso sobre la Catalunya del futuro.