Solicitan 48 años de prisión para los acusados en el caso de las obras falsas de Alonsotegi

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por la acusación popular, ejercida por el grupo municipal de Alonsotegi de EH Bildu, contra el exalcalde de la localidad, José Luis Erezuma, y los otros cinco acusados por un delito de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a las administraciones públicas. La acusación popular en total solicita un total 48 años de prisión por estos delitos. El juicio arrancará el 4 de noviembre en la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Concretamente, la acusación popular en su escrito de calificación provisional solicita penas de 8 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta y multas de 10.800 euros para el citado Erezuma; el aparejador Juan Torrontegi; la entonces arquitecta municipal, Marta Novo; el arquitecto Alberto Zulueta; y los administradores de la empresa Laneder Construcciones, Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra.

Para acreditar los hechos, la acusación popular solicitó la declaración en juicio oral de 16 testigos, entre los que destaca el actual alcalde de Bilbo y por aquel entonces diputado de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan Mari Aburto. La totalidad de la prueba propuesta por la representación de los ediles de EH Bildu ha sido admitida.

A través de una orden foral fechada el 1 de marzo de 2012, Aburto rubricó la resolución que concedió una subvención de 600.000 euros al Ayuntamiento de Alonsotegi para acometer unas obras de reparación en diferentes infraestructuras locales, supuestamente dañadas por las intensas lluvias que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011.

Se da la circunstancia de que uno de esos equipamientos, el muro de Elkartegi, fue también subvencionado en 2006 por la Diputación a pesar de que la carretera sobre la que está es de titularidad foral. El proyecto fue adjudicado al arquitecto Alberto Zulueta, administrador de la sociedad Arkideaiak, y la acusación denuncia que su coste tuvo una desviación del 44%: de un presupuesto inicial marcado en 114.000 euros, el Ayuntamiento acabó abonando 165.107,46.

A petición del grupo de EH Bildu, la arquitecta municipal Naia Irastorza realizó un informe técnico, emitido con fecha 12 de enero de 2017, sobre los expedientes derivados de las obras de reparación por las lluvias de 2011. En base a este informe, el actual alcalde de Alonsotegi, Joseba Urbieta, reconoció que «no es posible certificar la fecha en la que se han realizado las fotografías obrantes en los expedientes» y que «no consta en los expedientes de las mencionadas obras autorización de la Diputación Foral de Bizkaia».

Tal y como aparece en el informe de Irastorza, el tiempo «utilizado» para la realización de esas obras fue de 14 días naturales –desde el 16 de marzo al 30 del mismo mes de 2012–, un tiempo que la acusación popular considera insuficiente para llevar a cabo una reparación de esas características. Un elemento más que «pone de manifiesto la convicción de impunidad con la que han actuado los acusados», denuncia el abogado de la acusación popular, Iñigo Santxo, añadiendo «que ni siquiera quisieron guardar las formas».

Las facturas de las supuestamente inexistentes reparaciones fueron emitidas por Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, cuya empresa Laneder recibió del Ayuntamiento de Alonsotegi 618.115,02 euros, de los que 600.000 provenían de la subvención de la Diputación Foral. Con esta operación el Consistorio pretendía saldar deudas anteriores con Laneder, declarada en concurso necesario por auto de 26 de marzo de 2013 y por auto de 14 de junio de 2013 se acordó la apertura de la fase de liquidación.

Ocho años de irregularidades

Según explica Santxo, el cúmulo de irregularidades llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Alonsotegi entre los años 2003 y 2011 tuvo como causa prinicipal la ilegalización de la candidatura de la izquierda abertzale (Herri Mugi) y la consiguiente «falta de fiscalización».

«Durante ese extenso ínterin, desde el gobierno de la institución local se pusieron todo tipo de trabas a los miembros de la izquierda abertzale que, no ya como ediles, sino como vecinas y vecinos pretendieron fiscalizar la actividad municipal, neutralizando sistemáticamente todas las iniciativas que promovieron con finalidad de control de la institución», remarca la acusación. Además, señala que «la deplorable y delictual gestión» de esos años ocasionó una «quiebra técnica» de la entidad, y condujo a la intervención de la Diputación en una situación de ajuste contable.

Con la llegada en 2011 de EH Bildu al Consistorio, la formación constató la presencia de Alberto Zulueta «en casi todo los asuntos irregulares que iban encontrando en el ente local». Así, comprobaron que Zulueta mantenía una «irregular relación de prestación de servicios» con el Ayuntamiento de Alonsotegi al menos desde 2003, cuando Gabino Martinez de Arenaza era alcalde por el PNV.

El vínculo «alegal» del arquitecto con el municipio continuó durante las siguientes legislaturas bajo los mandatos de los también jeltzales Aitor Santisteban y el propio Erezuma. Tanto Martinez de Arenaza como Santisteban fueron imputados por malversación en un caso aparte, mientras que Erezuma ha seguido ostentando públicamente la representación del PNV, como demuestra su condición de interventor y apoderado por esta formación en las elecciones locales de 2019, tal como saldrá a colación en la vista oral a petición de la acusación popular.