Las fuerzas de Llotja de Mar convocan un apagón frente a la subida de la electricidad

El 8 de octubre es el día elegido por los grupos de Llotja de Mar para un apagón para hacer frente a la desmesurada subida del precio de la electricidad. Estas fuerzas, entre las que está EH Bildu, denuncian «la gran estafa que se está perpetrando contra la ciudadanía».

Las fuerzas firmantes de la declaración de Llotja de Mar, entre las que se encuentra EH Bildu, han propuesto un apagón eléctrico masivo el próximo 8 de octubre (de 22.00 a 22.30) y una cacerolada para hacer frente a la desmesurada subida del precio de la electricidad, que califican de «gran estafa que se está perpetrando contra la ciudadanía, generada por gobiernos, eléctricas y los intereses económicos compartidos por todos ellos». Invitan a sindicatos, municipios, agentes sociales y todo tipo de asociaciones a sumarse a esta iniciativa.

«Las eléctricas enriqueciéndose, la ciudadanía empobreciéndose y el Gobierno español dejando a miles de hogares vulnerables a oscuras», resumen.

«Fueron ellos, los partidos que han gobernado el Estado español, el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, quienes privatizaron, vendieron y desmantelaron las empresas públicas, desregulando el sistema y dejándolo en manos del ‘mercado’. Mercado que ellos mismos controlan y manipulan desde los Consejos de administración que ocupan no pocos expresidentes y exministros y exministras de ambos partidos. Todos compartiendo un único objetivo: enriquecerse a costa de un bien esencial como la energía», denuncian.

«Así construyeron un mercado eléctrico a medida en el que la energía más barata se paga a precio de la más cara. En el que se especula y manipula la generación eléctrica mediante bienes públicos como el agua o el viento. En el que las grandes empresas del oligopolio como Endesa, Iberdrola o Naturgy acumulan ganancias milmillonarias anuales, mientras saquean a los y las consumidoras y expolian a los territorios productores, generando consecuencias sociales y ambientales muy negativas. Todo un entramado con beneficios caídos del cielo que acaban en los bolsillos de los y las consejeras de estas eléctricas. Un negocio redondo», destacan.

«Y frente a esto, el Gobierno español solo ha adoptado medidas coyunturales y parches para enfrentar este escándalo hasta que se ha visto obligado por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas soberanistas y progresistas. Y cuando ha tomado una sola medida que afecta mínimamente los beneficios de las grandes empresas, estas se rebelan, amenazan y chantajean no solo al Gobierno, sino a toda la ciudadanía que espera que su factura se vea aliviada. Estamos ante un pulso entre las élites y las mayorías sociales y populares», lamentan.

Frente común ante la falta de soberanía

Ante esta situación, consideran que desde Euskal Herria, Galiza y Països Catalans es necesario «un frente común contra el oligopolio de las eléctricas y sus amenazas, así como para denunciar la inacción del Gobierno español a la hora de afrontar la estafa eléctrica de manera estructural».

Destacan que las tres naciones «no tienen la soberanía que necesitamos también para enfrentar la estafa eléctrica y sus responsables. Nuestros parlamentos y gobiernos están atados a un Estado, el español, que permitió y permite que todo esto ocurra. Se nos niegan las herramientas e instrumentos propios para poder intervenir el mercado, para poder plantar cara a las eléctricas y para tomar todas las medidas que el Gobierno ni quiere ni se atreve a tomar».

«Nuestra dependencia política del Estado español es una rémora para proteger a nuestras ciudadanías de los abusos que cometen las empresas energéticas. Nos impide marcar precios máximos, intervenir y controlar desde lo público. Nos impide crear tarifas propias, regulaciones propias y, por tanto, soluciones propias. Nos impide devolver a lo público lo que nunca debió dejar de serlo. La falta de soberanía energética nos sale muy cara a gallegos, catalanas y vascos. Es hora de que en la construcción de nuestras naciones, avancemos también hacia la soberanía energética que nos permita contar con sistemas propios que rompan con el oligopolio impuesto para construir desde lo público sistemas justos que respeten el bien y derecho esencial que es la electricidad», proclaman.

Acuerdo independentista

La declaración de Llotja de Mar es un acuerdo suscrito por fuerzas independentistas de Euskal Herria, Països Catalans y Galiza para sumar fuerzas en sus actuaciones. Autodeterminación, derechos políticos y sociales, y libertad para los presos políticos son los puntos comunes de acción de la declaración suscrita por EH Bildu, ERC, PDCat-JxCat, CUP, BNG, a la que posteriormente se incorporaron Més por Mallorca y Més por Menorca.

La declaración se firmó en Barcelona en octubre de 2019, tras la condena del Supremo español al «procés» mostrando un mensaje de unidad frente al Estado en un momento de involución, estableciendo pautas para una acción común y mostrando también una imagen de unidad al ámbito internacional.

El documento recibe el nombre del edificio en el que se firmó, situado cerca de la Barceloneta, que fue sede de instituciones catalanas a la largo de la historia y que fue utilizado por Pedro Sánchez para un Consejo de Ministros especial que celebró en Barcelona con el objetivo de hacer frente a la proclamación de la República catalana. «Ahora lo recuperamos», dijo la presentadora del acto.

Estos grupos suman más de dos millones de votos y su representación parlamentaria es imprescindible para la gobernabilidad en el Estado español.

Protesta de la CUP en Girona

Por otra parte, electos de la CUP han ocupado hoy la sede de Endesa en Girona para denunciar el aumento de precio de la electricidad.

 ARA MATEIX: Càrrecs electes de la @cupnacional ocupem la seu d’Endesa a #Girona per denunciar l’augment del preu de la llum. @danicornella pic.twitter.com/Yanib55ozV

— CUP Països Catalans (@cupnacional) September 16, 2021

El diputado Dani Cornellà ha denunciado, «mientras que las grandes empresas eléctricas nutren sus consejos de administración con antiguos cargos políticos, obtienen beneficios millonarios a costa de especular con derechos esenciales».

Según Dani Cornellà, «la electricidad no puede ser objeto de especulación, no puede ser que el 90 por ciento del sistema eléctrico esté controlado por oligopolios energéticos y que se enriquezcan con el empobrecimiento de la mayoría de la población».