LAB liga la muerte de un trabajador migrante con la explotación laboral en el campo navarro

LAB se ha concentrado este jueves ante la sede de Inspección de Trabajo en Iruñea para denunciar la muerte de un trabajador migrante de 62 años el pasado día 15 en Zarrakaztelu. Ha exigido que se pongan en marcha medidas inmediatas para poner fin a las situaciones de precariedad en el medio rural.

LAB considera que lo ocurrido en Zarrakaztelu el 15 de setiembre «no fue un mero accidente de tráfico», sino que «se trata de un accidente laboral, ya que la propia normativa de seguridad laboral cataloga los accidentes in itinere como accidente laboral». Pero, además, según la información recabada por este sindicato, «detrás de este hecho hay varias sombras que se deberían poner sobre la mesa».

En primer lugar, ha indicado que Arturo Rojas Castaños, trabajador migrante de 62 años, «vivía una situación laboral inestable», ya que durante el verano tuvo cuatro contratos diferentes, dos de ellos en régimen general y dos en régimen especial agrario.

El último contrato sitúa su actividad en Caparroso «pero no está claro a dónde iba a trabajar la mañana que tuvo el accidente», ya que desde el pueblo de Figarol, concejo del municipio de Zarrakaztelu, hasta Caparroso hay 30 kilómetros.

Además, su relación contractual con la empresa se dio por agotada el 12 de setiembre «pero, posteriormente, en una fecha desconocida, fue prorrogada hasta el día 15 de setiembre, fecha del fallecimiento».

LAB afirma que el «fallecido, junto a otro grupo de obreros de origen sudamericano, estuvo pernoctando en una chabola en el campo, en los alrededores de Carcastillo, en condiciones precarias», y que «en los últimos días de su vida se refugiaba en Figarol y desde allí recorría varios kilómetros en bicicleta». Ha añadido que «parte del recorrido matinal lo realizaba a oscuras, poniendo en peligro su salud; de hecho, el accidente que segó su vida fue a las 06:48 de la mañana».

Exige aclaraciones a Inspección de Trabajo

Ante los hechos descritos, LAB ha querido trasladar varias cuestiones a la Inspección de Trabajo, ante cuya sede de Iruñea ha organizado una concentración esta tarde.

De entrada, quiere que se aclare cuál era la situación contractual del trabajor, si estaba contratado en el momento del fallecimiento y cuándo se suspendió la orden de baja dictada tres días antes del accidente.

Y estas otras cuestiones: ¿A dónde iba a trabajar? ¿En ese lugar de trabajo se cumple la legislación en torno a la prevención? ¿En ese lugar de trabajo tienen recogidos los riesgos y las medidas preventivas? ¿Recibió formación? ¿Vigilancia de la salud?

También pregunta «cómo es posible que la empresa no ponga modos seguros de transporte en este tipo de situaciones, sabiendo que en la evaluación de riesgos se deben integrar los riesgos in itinere y las medidas correspondientes».

Por todo ello, ha solicitado a la Inspección de Trabajo que inicie una investigación para resolver las dudas y determinar las responsabilidades que se derivan de este accidente laboral.

«Queda claro –afirma LAB– que Arturo Rojas vivió una situación de extrema explotación y precariedad que tuvo mucho que ver con su muerte. Según todos los indicios, vivía realizando trabajos esporádicos y tenía que ir antes del amanecer, con sus 62 años, a los lugares que le ordenaba el empresario, recorriendo grandes distancias en bicicleta».

Una situación que se repite

Y ha lanzado otra pregunta con carácter más general: «¿Cuántos trabajadores hay en la misma situación que Arturo Rojas en el campo navarro?».

Ha recordado que hace dos años, en el marco de la lucha de Huerta de Peralta, este sindicato ya denunció «la existencia de numerosas situaciones de explotación y precariedad en el campo navarro donde, entre otras cosas, no pocos empresarios aprovechan la debilidad e indefensión que genera la Ley de Extranjería para explotar a los trabajadores migrantes o para utilizarlos en una situación muy precaria».

Desde entonces, ha proseguido, «no se han adoptado las medidas oportunas ni por parte de la Inspección de Trabajo ni del Gobierno de Navarra». Por ello, LAB continuará, en colaboración con los colectivos de personas migrantes y con los agentes de este ámbito, «denunciando estas situaciones y exigiendo medidas correctoras».