El TC español admite a trámite el recurso de Vox contra la educación sexual a menores
El Pleno del Tribunal Constitucional español (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una providencia en la que acuerda dar traslado al Congreso, Senado y Gobierno del Estado español de la demanda y los documentos presentados por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Vox alegó que la norma impugnada podía vulnerar, entre otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto, el partido se fijó en determinados aspectos comprendidos en los artículos 30, 26 y 27, en un apartado de la disposición final primera y en otro de la disposición final segunda.
El Tribunal Constitucional apunta que de la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero, quien es también el magistrado ponente de la sentencia relativa al recurso que presentó en 2010 el PP contra la ley del Aborto.
Fue en mayo cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó casi por unanimidad, la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas.
El partido de Santiago Abascal presentó su recurso contra esta ley en setiembre. Criticaba que se incluyera la obligatoriedad de que todos los menores reciban «educación afectivo sexual», una medida que, a su juicio, «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos».
«El Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores», explicó entonces la formación en un comunicado.
El partido criticaba también el concepto incluido en la ley de «parentalidad positiva», que recoge la promoción de la corresponsabilidad, medidas para combatir los roles de género, el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas o la educación con enfoque inclusivo, entre otras medidas.