Zulueta y Enparantza reivindican el papel de los abogados para avanzar hacia la convivencia

La reivindicación del papel que jugaron los abogados para facilitar el debate en el interior de las cárceles, lo que permitió avanzar hacia la convivencia y llegar a la situación actual ha puesto el punto final al juicio 13/13. Arantza Zulueta y Jon Enparantza han usado para ello la última palabra.

Arantza Zulueta y Jon Enparantza han empleado el derecho a la última palabra en el juicio por el sumario 13/13 (que ha quedado visto para sentencia) para reivindicar el papel que los abogados han jugado en el debate político que ha desembocado en el cese de la actividad armada y disolución de ETA, subrayando que ha supuesto un avance hacia la convivencia en Euskal Herria.

Zulueta ha recordado que asumieron este trabajo en el acuerdo en el sumario contra Herrira, por lo que han cumplido años de condena en la que han padecido alejamiento y la inserción el fichero FIES-3. Ha destacado que asumió que su trabajo de asistencia jurídica y política a los presos fuera «integración en ETA» para «dar pasos adelante, para solucionar un problema que lleva mucho tiempo».

De este modo, ha subrayado que ha colaborado en la coordinación de un debate que ha dado como fruto que se haya asumido el daño causado, se reconozca la legislación penitenciaria y se haya mostrado empatía hacia las víctimas. «Ha sido positivo para todos», ha destacado.

Ha puntualizado que han participado en los debates en el seno de la izquierda abertzale, pero no en los que ha mantenido ETA internamente. «No he sido nunca de ETA ni he participado en el debate de ETA», ha subrayado, recordando que hasta la propia Guardia Civil ha recordado que así fue.

Ha destacado que la izquierda abertzale ha renovado recientemente este compromiso, que ella apoya.

Asimismo, ha criticado las conclusiones del fiscal José Perals (que destacó que ETA «no ha desaparecido», señalando que «se abstrae de la realidad y actúa de manera irresponsable».

La intervención de Enparantza ha sido más breve, porque ha sido interrumpido por la juez Ángela Murillo. El abogado ha lamentado que después de años del cese de la actividad armada se siga abordando el conflicto desde una perspectiva policial y judicial en lugar de hacerlo desde una óptica restaurativa y ha criticado la posición de la Fiscalía.

«Aquí no se hace política, se hace Justicia. Esas reclamaciones deben hacerse en otro foro», le ha cortado Murillo.

Enparantza ha intentado señalar que el fiscal está «absolutamente fuera de lugar y del tiempo actual» y que lo manifestado es «una falacia».

Murillo le ha vuelto a cortar, ante lo que Enparantza ha concluido su intervención reivindicado el papel que jugaron en 2010 y destacando que el desarrollo posterior de los hechos confirma lo adecuado de esa decisión.

Defensas de Agirre y Redondo: «No hay pruebas»

Las defensas de Saioa Agirre y Nerea Redondo han destacado que no existe ninguna clase de prueba contra sus representadas, por lo que han reclamado su libre absolución en la presentación de sus conclusiones en el juicio por el sumario 13/13 en la Audiencia Nacional española, este viernes.

En el caso de Agirre, su abogado, Ibon Altuna, ha subrayado que uno de los elementos que se ha presentado como prueba ha sido la declaración realizada en sede policial durante la incomunicación. En este sentido, ha recordado que en la vista ha quedado acreditada la denuncia de torturas que hizo Agirre, que fue validada por peritas. Asimismo, ha destacado que esta denuncia de torturas se realizó ya ante el juez instructor, el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Por ello, ha destacado que esta declaración no puede ser tenida en cuenta como prueba.

La imputación de «colaboración con ETA» de Agirre se basa en la acusación de que realizó tareas de correo entre el comando Askatasun Haizea y la abogada Arantza Zulueta. Altuna ha subrayado que las acusaciones no han presentado elemento alguno que sirva para destruir la presunción de inocencia de su representada, destacando que «todo se ha quedado en mera sospecha».

En este sentido, ha añadido que no ha quedado acreditado que las notas incautadas que aparecen en el procedimiento hagan referencia a Saioa Agirre. Ni siquiera se ha demostrado que esas notas tengan su origen en ETA, ni que se enviaron, ni quienes fueron el emisor y el receptor de las mismas.

«¿Cómo ha colaborado mi representada con ETA?», ha preguntado Altuna. «No se ha acreditado», se ha respondido.

El letrado ha recordado que en esa época, Agirre mantenía una relación sentimental con Jurdan Martitegi, miembro de ETA, y que las comunicaciones que mantuvieron se enmarcan en este contexto.

Asimismo, ha indicado que las referencias a su defendida en el informe ‘Halboka’ corresponden a una fase preliminar, de investigación, pero que luego no han sido confirmado.

Altuna ha hecho también referencia a la dilación del procedimiento, recordando que en 2021 se están juzgando hechos de 2008. Por ello, ha reclamado que se tenga en cuenta que el contexto es diferente y que la situación personal de su defendida es también diferente.

Nerea Redondo

En el caso de Nerea Redondo ni siquiera hay una declaración inculpatoria en sede policial. La única prueba es su contra es que las acusaciones consideran que el dinero incautado al fallecido Juan Mari Jauregi en su domicilio corresponde al impuesto revolucionario de ETA como base para la imputación de «colaboración».

Su letrado, José María Elosua, ha subrayado que no existe prueba alguna contra su defendida. No hay ni un informe individualizado en su contra, ni se le ha atribuido ningún alias. Ninguna acusación le ha formulado pregunta alguna en la vista.

Elosua ha destacado que el escrito de acusación de la Fiscalía, que tiene 111 folios, apenas dedica dos líneas a Redondo y seis a Jauregi. En este sentido, ha subayado que no se ha acreditado que Jauregi colaborase con ETA ni siquiera que recibiera una carta para ello.

Junto a ello, ha subrayado que no se ha acreditado que el dinero incautado en el domicilio de Jauregi y que le fue entregado por Redondo tenga su origen en el impuesto revolucionario. Ha destacado que se trata de 44.168,12 euros y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que una cantidad que incluya céntimos pueda estar relacionada con el impuesto revolucionario.

En el sentido contrario, ha recordado que Redondo explicó en la vista que ese dinero procedía de los ahorros fruto de su trabajo en negro y que esta circunstancia fue ratificada por tres testigos. Las acusaciones, en cambio, no han podido aportar nada que confirmara la imputación de su origen ilícito.