El Gobierno español acuerda con UGT y CCOO la subida de cotizaciones para las pensiones

Después de que la CEOE se descolgara de la negociación, el Gobierno español ha alcanzado este lunes un acuerdo con UGT y CCOO sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), sustituto del factor de sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones de 2013. Habrá subida de cotizaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado este lunes con los sindicatos UGT y CCOO el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que contempla una aportación de 0,6 puntos vía cotizaciones a la Seguridad Social a partir de 2023 y hasta 2032 para sostener el incremento del gasto en pensiones.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el acuerdo –del que se habían descolgado esta mañana las patronales CEOE y Cepyme– supondrá la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada ‘hucha de las pensiones’, «mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032 (...) de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes».

El diseño de este mecanismo se incluirá mediante enmienda al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. La propuesta que había presentado hoy el Ejecutivo graduaba el aumento de las cotizaciones empezando por 0,2 puntos adicionales en 2023 para subir a 0,3 en 2024, a 0,5 en 2025 y a 0,6 en 2026.

Según el comunicado difundido tras el acuerdo, la aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, y estará repartida entre la empresa y la persona trabajadora «con la misma distribución que en las cotizaciones sociales.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que esa «pequeña subida» de las cotizaciones tendrá carácter finalista e irá a incrementar ese fondo de reserva, que llegó a tener un máximo de 67.000 millones en 2011 y ahora apenas supera los 2.000 millones.

Según sus cálculos, con la subida de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales entre 2023 y 2032 la denominada «hucha de las pensiones», que actualmente suma esos 2.000 millones, podrá tener «cerca de 50.000 millones» al final de ese periodo.

Con esta medida se busca mejorar los ingresos del sistema para hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom, las personas nacidas entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.

Su función será actuar como «válvula de seguridad» del sistema de pensiones a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si esto no ocurriera, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Además, se contempla que, si a partir de 2033 se aprecia en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

El rechazo de la patronal

Horas antes, en la reunión a tres bandas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales había expresado su negativa a incrementar las cotizaciones sociales para engordar la ‘hucha de las pensiones’, por lo que abrió la puerta a que se repitiera el mismo escenario en el que se pactó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

La CEOE ha considerado que la propuesta del Gobierno era «insuficiente» y ha incidido en que, al conllevar un alza de las cotizaciones, puede tener efectos negativos sobre el empleo.

«La propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional, ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes», ha indicado la patronal.

Escrivá, ha lamentado que la CEOE no se haya sumado al acuerdo y ha dicho «no entender» los elementos por los que se opone, ya que no ha presentado propuestas en esta negociación. También ha rechazado que esta subida de cotizaciones pueda tener impacto en el empleo ya que el Estado español «no tiene un problema de costes laborales».

Los pensionistas vascos seguirán en la calle

Por su parte, el Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria, que ya mostró su rechazo a esta reforma en las movilizaciones del sábado pasado, ha reiterado este lunes que «seguirán en la calle hasta ser escuchados». Lo ha hecho antes de conocer los detalles de la última propuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en la mesa de negociación.

En la concentración semanal ante el ayuntamiento de Bilbo, la portavoz del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, Andrea Uña, ha insistido en que el colectivo es contrario a la reforma que se está planteando en Madrid porque «lleva a más recortes, a más reformas, a más privatización y a más miseria, sobre todo en las pensiones pequeñas».

Y ha recordado que en «pueblos y capitales de Euskal Herria» se están llevando a cabo movilizaciones desde hace «casi cuatro años» para reivindicar «pensiones públicas dignas, de 1.080 euros», entre otras peticiones.