PSOE y UP anuncian un acuerdo que abriría una brecha en la impunidad franquista

PSOE y UP han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Amnistía de 1977 «no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura» al anteponer el derecho internacional frente a la legislación española. Habrá que ver su recorrido.

El plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de Ley de Memoria Democrática finaliza este miércoles, por lo que los grupos políticos han ido desvelando sus propuestas a lo largo de la jornada. Y aquí ha llegado la noticia: PSOE y Unidas Podemos han señalado que han alcanzado un acuerdo para que esta ley declare imprescriptibles y «no amnistiables» los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura cometidos durante el franquismo y protegidos por la Ley de Amnistía de 1977.

Aunque la iniciativa alcance la mayoría parlamentaria para salir adelante, otra cosa será su recorrido posterior, puesto que ya puede darse por seguro que Vox y quizás el PP la llevarán al Constitucional. Esa amnistía ha sido definida siempre como uno de los pilares de la Transición.

En teoría, con esa redacción podría procederse a intentar actuar judicialmente en el Estado español contra el que fuera ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa, exonerado por los tribunales estatales y procesado únicamente en Argentina por la jueza María Servini.

Concretamente, la redacción consensuada en este punto recoge que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Por ello reclaman que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del «golpe de estado, la guerra y la dictadura».

De Valle de los Caídos a Cuelgamuros

Además, ambas formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de Cuelgamuros y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Franco. También se amplía la consideración de víctimas hasta el año 1982.

Los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

En el texto acordado se garantiza el «derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo» frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.

Por otro lado, se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

ERC critica a los socios de Gobierno por «vender humo»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de «engañar a la gente» con esa enmienda para supuestamente revisar la Ley de Amnistía y también cuando «venden» un pacto para lograr la reparación económica o patrimonial de las víctimas del franquismo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha subrayado que la memoria histórica es un asunto «nuclear» para su formación y que por eso no pueden dejar pasar que el Ejecutivo «venda humo» y actúe con un «triunfalismo absurdo» como, a su juicio, ha sucedido este miércoles.

Al comentar que la enmienda en cuestión determina que «todas las leyes del Estado español», incluida la Ley de Amnistía, «se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional», según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables», Rufián ha recalcado que el Estado español ya se «pliega» a esa legalidad internacional desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, incluso antes, en 1977, el año de la Ley de Amnistía, ya se adhirió a la Convención de Ginebra.

Por eso, considera que sostener que con la enmienda registrada por los grupos que forman el Gobierno de coalición se «abre la puerta» a que la Ley de Amnistía se pliegue a la legalidad internacional es «engañar al personal».

Al mismo tiempo, ha afirmado que la única manera de que eso suceda es cambiar la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas ERC y otros partidos independentistas, y que solo así habría garantías para poder juzgar en el Estado a los torturadores franquistas. Pero, desde su punto de vista, el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría «reconocer un error que se cometió hace más de 40 años».

Rufián también ha cargado contra PSOE y Unidas Podemos por trasladar el mensaje de que, con sus enmiendas, también abren la puerta a que las víctimas del franquismo o sus descendientes reciban reparaciones económicas y patrimoniales.

A su juicio, si bien plantean modificar el artículo que alude «de forma no muy clara» a esas reparaciones, pero sin especificar «ningún mecanismo» para aplicarlas, no tocan «ni una coma» del que entra en el meollo de esta cuestión. «O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos», ha sentenciado.

Tras todos esos reproches, el dirigente de ERC se ha quejado de que, un mes después de haber enviado sus propuestas al Gobierno en esta materia, aún no han recibido respuesta. «Es falso que nos hayan llamado, es falso que nos hayan contestado. Esta mañana estaban negociando con Ciudadanos y ahora pareciera que la ley la está haciendo la Pasionaria», ha dicho, en referencia a la histórica dirigente comunista Dolores Ibarruri.

EH Bildu: «El olvido no es opción para la democracia»

EH Bildu también ha pedido que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad entre las enmiendas que ha registrado al proyecto de ley. En otra enmienda, la formación abertzale ha dejado claro que apuesta por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, por la anulación de las condenas dictadas durante la dictadura y por la responsabilidad económica e indemnización del Estado a las víctimas.

Asimismo, propone modificar el Título I de la ley para señalar que la conquista y consolidación de la democracia «es un objetivo inacabado, ya que no termina con la Constitución de 1978», y recalca que «el olvido no es opción para la democracia».

Sobre las exhumaciones llevadas a cabo durante la dictadura, quiere precisar que no hubo metodología científica y que se abrieron fosas con «nocturnidad y alevosía», en muchos casos «para que los restos fueran traslados al Valle de los Caídos a espaldas de sus familias».

Quiere subrayar también en la ley que no todos los combatientes antifascistas lo hacían a favor de una idea «unívoca de España», por lo que abogan por utilizar un término más amplio como es el de «plurinacionaldiad».

En cuanto a la extensión del reconocimiento de víctimas más allá de la muerte del dictador, EH Bildu comparte la enmienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos al señalar que durante la Transición hubo «gravísimas vulneraciones de derechos humanos por motivación políticas», por lo que propone reconocimiento y reparación para ellas.

Modificar la ley de secretos oficiales para desclasificar documentos y archivos durante el franquismo o incluir nuevas categorías de víctimas como los afectados por la polio son otras enmiendas.

Además, EH Bildu pide declarar el 18 de julio como ‘Día de condena del golpe fascista’ como «recuerdo y homenaje a todas las victimas que se derivaron de él».

El PNV reclama que se devuelvan todos los documentos incautados

El PNV ha presentado cinco enmiendas con el objetivo de garantizar, entre otros puntos, la restitución a particulares de los documentos incautados durante la Guerra Civil o el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

Específicamente, exige que se devuelva toda la «documentación oficial» que les fue incautada por el régimen franquista al Gobierno de Euskadi, las diputaciones forales y sus «entidades dependientes en tiempo de la II República y el exilio», ya que, recalca, «forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca, a la que sus instituciones representan».

El grupo jeltzale propone modificar también el artículo referido a símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como por ejemplo en topónimos, en el callejero o en la denominación de centros públicos.

La primera reacción del PP: relacionarlo con ETA

La primera valoración del PP al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ha llegado por boca de su senador y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, que ha lanzado a través de las redes esta pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez: «¿Se perseguirá los crímenes de ETA, Grapo o FRAP amnistiados?».

No obstante, su rechazo tiene un punto de vista más general, ya que ha indicado que «la vuelta de tuerca» que, a su juicio, supone la que ha calificado de «Ley de Memoria histérica» es otro intento de «enfrentar a los españoles», que además implicaría una «ignorancia histórica espeluznante».

También ha indicado que la intención del PSOE y de UP de «extender el franquismo hasta 1982» es «deleznable y antidemocrático». Hernando se refería así, como ya se ha señalado, a la intención de ambos partidos de ampliar la declaración de víctimas hasta el año 1982.