Reclaman una consulta popular sobre las cámaras de videovigilancia en Zizur Nagusia
El colectivo Bizi Zizur reclama una consulta popular sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en Zizur Nagusia, tras denunciar que la decisión del Ayuntamiento se adoptó sin preguntar al vecindario y sin que responda a una necesidad del municipio.
El colectivo Bizi Zizur reclama una consulta popular que permita tomar una decisión en base a la participación ciudadana sobre la instalación de 65 cámaras de videovigilancia en Zizur Nagusia que fue decidido por el Ayuntamiento con los votos de Geroa Bai, PSN y Navarra Suma. EH Bildu (que forma parte del equipo de gobierno junto a Geroa Bai) y AS Zizur votaron en contra de las cámaras y reclamaron la puesta en marcha de un proceso participativo.
Un mes después de esta decisión, colectivos, asociaciones y vecinos de Zizur han trabajado para que se abra un debate público en la localidad, según han explicado Ana Gurpegi y Fernando Sáenz de Ugarte, integrantes de Bizi Zizur, que han comparecido hoy ante los medios.
«No nos creemos el discurso del miedo. Los hechos puntuales acontecidos este verano están siendo utilizados para generar alarma social e instaurar un sistema de control social», han destacado. El concejal de Seguridad Ciudadana, Andoni Serrano (Geroa Bai), justificó la instalación de las cámaras en un supuesto clima de temor ante un inexistente aumento de los delitos.
«Para nosotros y nosotras, la base de la construcción de la sociedad debe ser la confianza mutua, la solidaridad y la definición de unas bases de convivencia comunes que respeten la pluralidad», han añadido los portavoces de Bizi Zizur.
«Falta de transparencia»
Junto a ello, han denunciado «la falta de transparencia» con la que ha actuado el Ayuntamiento de Zizur Nagusia en esta cuestión. En este sentido, destacan que el vecindario no sabe qué hay detrás de este proyecto, por lo que muestran su preocupación. «¿Dónde se van a instalar esas 65 cámaras de videovigilancia? ¿Qué tipo de cámaras? ¿Se ha hecho un diagnóstico previo contando con la opinión de vecinos y vecinas, mujeres, comerciantes o es una decisión que se toma desde arriba sin tenernos en cuenta?», preguntan.
Además, subrayan que la decisión se adoptó «contrarreloj» y cuestionan que la instalación de las videocámaras supondrán un gasto de 150.000 euros «que pagamos todos y todas de nuestro bolsillo». Asimismo, recuerdan que en este presupuesto no se ha incluido el mantenimiento de las cámaras y consideran que este dinero debería destinarse a iniciativas sociales en vez de «en un proyecto polémico que carece de demanda social».
«Nos reafirmamos en la necesidad de empoderar las comunidades y asociaciones locales que forman el tejido popular de Zizur. Un pueblo activo tiene un mayor grado de responsabilidad y de implicación en su municipio», destacan.