PNV y PSE aprueban la ‘Ley Tapia’ con el voto en contra de toda la oposición

La Ley de Administración Ambiental aprobada este jueves inició su trámite parlamentario sin ninguna enmienda a la totalidad, pero la inclusión de la enmienda de PNV y PSE que permite imponer proyectos a los ayuntamientos y que la reconvirtió en ‘Ley Tapia’, ha puesto a toda la oposición en contra.

Su mayoría absoluta ha permitido a PNV y PSE aprobar la ley de Administración Ambiental de Euskadi, pero al contrario de otras normas de carácter medioambiental que han salido adelante en el Parlamento, esta vez lo ha hecho con el rechazo de todos los grupos de la oposición. La razón ha sido la enmienda que los grupos del Gobierno han introducido y que cambia de raíz la Ley de Ordenación Territorial, permitiendo que en adelante el Ejecutivo de Lakua pueda imponer proyectos a los municipios, aunque estos vulneren la normativa municipal.

Con esa enmienda, la ley de Administración Ambiental de Euskadi pasó a ser conocida como ‘Ley Tapia’ en referencia a la consejera que ha impulsado y defendido este cambio. La oposición critica que la Ley de Ordenación Territorial se tendría que haber reformado a través de un proyecto de ley del Gobierno, que precisa de informes jurídicos y el análisis de instituciones como Eudel, y no por medio de una enmienda en otra ley.

En decenas de municipios, como la capital Gasteiz, se han aprobado mociones que rechazan las imposiciones y reclaman que la cuestión sea consultada con los ayuntamientos y con Eudel.

Tapia: «Marco inteligente y moderno»

El debate ha comenzado con la defensa de la ley que ha hecho la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien la ha calificado como «moderna, pegada a la realidad y que responde a necesidades urgentes del país», una norma «más transparente» y que crea un «nuevo marco legal inteligente y alineado con objetivo de protección de medio ambiente».

Arantxa Tapia ha destacado que «para defender el interés general es necesario articular un mecanismo jurídico que permita que la decisión sobre la implantación de una infraestructura de interés público superior sea proyectada y aprobada desde el más alto nivel autonómico, es decir, desde el Gobierno Vasco».

La consejera ha denunciado que se haya creado «mucho ruido» en torno a esta cuestión y que se haya hecho, además, «de forma interesada y manipulada». Ha pedido responsabilidad a todas las partes y ha terminado su discurso pidiendo a los grupos de la oposición que «si no van a votar a favor, por lo menos no mientan».

«Fraude de ley» y «alcalesa en la sombra»

Todos los grupos de la oposición han mostrado su rechazo a esta ley, haciendo especial hincapié en que los partidos del Gobierno han empleado una «triquiñuela» o «fraude de ley» –como la ha definido Muriel Larrea, del PP+Cs– para hace cambios sustanciales en el ordenamiento actual.

Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha apuntado que el día de hoy se recordará como aquel en el que «Arantxa Tapia se convirtió en alcaldesa en la sombra de todos los ayuntamientos vascos».  Además de criticar la enmienda 61 presentada por los partidos del Gobierno, la formación morada sostiene que hay también otros aspectos de la ley que son denunciables, como que es muy permisiva con las empresas, que falta investigación medioambiental y que reduce los derechos de las asociaciones que pretenden intervenir en esta materia.

«Sinónimo de arbitrariedad»

Mikel Otero, de EH Bildu, ha pedido que quien reclama que no se mienta, como ha hecho la consejera Arantxa Tapia, no mienta ella misma. Según el parlamentario no es cierto que la ley determine cuáles son los proyectos que se pueden declarar de interés público superior, sino que es un apartado que se deja abierto y en el que puede caber de todo, lo que agudiza sus críticas.

Según Otero, esta ley «evidencia la existencia de dos modelos de gobernanza en colisión», y mientras asegura que desde EH Bildu se defiende la autonomía municipal, y ello se ha podido comprobar en las enmiendas presentadas, desde el Gobierno se apuesta por la imposición.

Si el objetivo de la ley era soslayar la oposición a determinados proyectos, en opinión de Mikel Otero de aquí en adelante cualquiera que se declare de Interés Superior «será sinónimo de arbitrariedad», lo que incrementará las críticas. Esto supone un claro ejemplo de «miopía política». El parlamentario de EH Bildu, que ya intentó que se revirtiera el proceso de aprobación por considerarla contraria a la normativa actual, ha apuntado que «esta ley entra en la lista de leyes prioritarias para ser derogadas».

Focos de atención e incendiarios

Desde los partidos del Gobierno se ha defendido la ley. Por parte del PSE, Alberto Alonso ha avisado a los grupos de la oposición de que no cuenten con el suyo «para despistar el foco de atención de lo que hoy se trae a consideración a esta Cámara. Sigan dándole vueltas a tal enmienda. No pienso dedicarle más tiempo a un debate que ya ha agotado todas sus etapas. Dudo mucho que en la historia del parlamentarismo vasco se haya debatido tanto y en tantos foros sobre una sola enmienda a un proyecto de ley». Según Alonso, lo sustancial es que esta ley es «un gran avance».

María Eugenia Arrizabalaga, del PNV, ha asegurado que con esta ley se ha entrado en una «guerra política» y en estos casos «siempre hay quien las incendia y en este caso tengo muy claro quién es el incendiario principal». Ha parecido una clara alusión a Mikel Otero, que es bombero de profesión.