Colectivos lingüísticos se reúnen en Madrid para exigir cambios en la ley Audiovisual

Òmnium, Kontseilua y agentes de Galiza, el País Valencià y Mallorca piden a representantes del soberanismo en las Cortes que hagan valer la estabilidad parlamentaria que le dan a Moncloa para que haya enmiendas que garanticen la igualdad de derechos. No se descartan convocar manifestaciones.

Más de una hora de reunión en el salón de un hotel del barrio madrileño de Salamanca en la que se han intercambiado opiniones de un asunto calificado por todos los líderes sociales como «urgente» y una oportunidad histórica para «garantizar los derechos lingüísticos» de las próximas generaciones en el Estado español a través de la ley general de comunicación audiovisual.

En un lado de la mesa, los representantes de Òmnium, Konstelilua, A Mesa Pola Normalización, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià y Plataforma Per la Llengua. Del otro, los diputados Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Joseba Agirretxea (PNV), Mar Garcia Puig (En Comú Podem), Néstor Rego (BNG), Joan Margall (ERC), Miriam Nogueras (JxCat), Joan Baldoví (Compromís), Mireia Vehí (CUP) y el senador Vicenç Vidal (Més per Mallorca).

Los colectivos lingüísticos han presentado a los diputados las demandas en forma consensuada que tienen con respecto a las enmiendas que debe hacerse al proyecto de ley, han destacado la unidad de acción entre las diferentes naciones del Estado y han señalado que los tres ejes son el doblaje, la interface y la financiación, según informaron a NAIZ uno de los participantes del cónclave.

Tras el encuentro, los líderes de los colectivos lingüísticos han ofrecido una rueda de prensa y se han enterado por la prensa de la filtración sobre el pacto de Esquerra Republicana con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el 6 por ciento de contenido en lengua cooficial en las plataformas digitales. Todos han pedido prudencia y se han negado a opinar al respecto porque cuando se supo la noticia estaban reunidos.

Quien ha tomado la palabra primero ha sido el líder de Òmnium y uno de los soberanistas indultados por el ‘procés’, Jordi Cuixart, quien ha considerado que esta nueva ley será «crucial» por su «calado imprescindible para las futuras generaciones del Estado, marcará un antes y un después en lo que hace al mundo de la comunicación, su industria y de las respectivas naciones» del Estado.

«Estamos en Madrid porque la importancia lo requiere, tenemos muy clara la urgencia y trascendencia de la ley. Hemos planteado estas reivindicaciones y exigido a los partidos políticos que respeten los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos», ha enfatizado. Además, ha advertido que si hace falta se convocarán manifestaciones y ha dicho no descartar una similar a la realizada en Madrid en marzo de 2019 en la que, por defensa de los derechos políticos del soberanismo, decenas de miles de catalanes, vascos y gallegos marcharon por la zona de Atocha y Cibeles.

«Tenemos múltiples experiencias en lo que hace a la defensa en las calles... veremos cómo se va desarrollando esta propuesta de documento. Es más que obvio que los diputados que estaban son una mayoría que garantiza la estabilidad del Gobierno, no entenderíamos que no actuaran con esta exigencia dada la importancia que tiene para preservar los derechos lingüísticos», ha recalcado.

Igualdad

En tanto, el secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua, Paul Bilbao, ha afirmado que ha quedado «claro» que «lo que está en juego es mucho» y que de lo que están hablando es «de igualdad» en los derechos de los ciudadanos del Estado y del «prestigio de las lenguas de las diferentes naciones».

«La foto ahí arriba (en alusión a la de la reunión) ha sido interesante por la participación de los políticos y también la unidad de acción que hay por parte de la sociedad civil con este tema. Si unimos el impulso de la sociedad civil y la posición política y la complementamos, podríamos dar unos pasos de gigante. La foto de esta mañana debería valer para que tracemos cuál puede ser ese camino para garantizar los derechos», ha dicho.

Bilbao ha explicado que «la reunión ha sido privada» y no se podía comentar lo mencionado por parte de los diputados pero que «las palabras clave fueron unidad y consenso» y ha subrayado: «Deberíamos como sociedad civil trabajar en consenso porque la ley hoy en día no nos satisface, invisibiliza a gran parte de la sociedad y la ciudadanía».

«¿Dónde está la libertad para hablar en nuestra lengua?»

Por su parte, el presidente de la Mesa Pola Normalización del gallego, Marcos Maceira, ha hecho referencia a la grave situación de la lengua de Galiza citando varios números del sector audiovisual, como por ejemplo que tan solo el 2,7 por ciento de los contenidos audiovisuales los fines de semana es en galego. «¿Dónde está la libertad para hablar en nuestra lengua en nuestro propio país? Cuando no te permiten ver contenidos en tu lengua en tu casa lo que están haciendo es prohibirte utilizar tu propia lengua», ha remarcado.

«El Estado español tiene una alergia profunda y congénita a la pluralidad y debe ser corregida. Tiene la prescripción, en el capítulo de lenguas minoritarias del Consejo de Europa. No puede haber estado democrático que mantenga el racismo lingüístico en sus textos legales», ha añadido.

Euskara, català, valencià y galego, disponibles

De las exigencias de los colectivos, lo que han destacado durante la rueda de prensa es que que se pida a las plataformas que la interface esté disponible en euskara, català-valencià y galego, que haya doblaje y subtitulado disponible en los territorios con lengua cooficial (inclusive en RTVE) y que haya un porcentaje de financiación destinado a la producción de contenidos audiovisuales en las lenguas respectivas de cada autonomía.

En este sentido, Bilbao ha remarcado que «parte de las ganancias de las plataformas ya está prevista que sea invertida en producciones europeas en cada país», en referencia a la normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2018, y que lo que se pide es que parte de esos fondos en el Estado sean destinados a la producción audiovisual.

Otro elemento calificado como muy importante por Cuixart ha sido el que la nueva ley contemple un régimen sancionador «claro, conciso y riguroso» para que a las plataformas no les resulte más incentivo pagar las multas que propiciar el acceso a las lenguas minoritarias.

Fuentes preguntadas por NAIZ que han participado de la reunión a puerta cerrada han afirmado que el encuentro se ha desarrollado en términos cordiales, que la predisposición de los diputados era favorable, pero que algunos de ellos han dejado trascender la dificultad de articular con el PSOE debido a sus diferentes vertientes, que no son todas iguales y algunas son menos proclives que otras para este tipo de cambios que vayan a favor del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.

Además han respondido que por ahora no hay una próxima reunión prevista con los diputados y que podrían ser convocados los colectivos lingüísticos a comparecer en las comisiones del Congreso que tramiten esta ley. Los representantes de los colectivos, tras la rueda de prensa, han vuelto a reunirse a puertas cerradas para analizar lo debatido con los diputados y pensar los próximos pasos.