Tres familias se ven expulsadas de su vivienda de décadas en el Casco Viejo de Bilbo

Tres de las cinco familias que hasta hoy residían en el portal número 9 de la calle Erribera abandonarán su hogar al no poder hacer frente a las exigencias del nuevo propietario, que tiene en marcha «la enésima operación especulativa» en este barrio.

Vecinos y vecinas del portal número 9 de la calle Erribera, en el Casco Viejo de Bilbo, han comparecido este miércoles para denunciar que «tres de las cinco familias que llevamos décadas en el bloque tendremos que irnos de casa hoy mismo» debido a «la enésima operación especulativa» en este barrio.

Los hechos arrancaron el pasado verano, cuando «nos enteramos de que nuestras casas habían sido vendidas a un gran propietario. Hemos tenido escasos meses para meter en cajas los recuerdos de 20 años y marcharnos. El nuevo propietario ha llegado al barrio con un objetivo claro: revalorizar las viviendas y sustituir los alquileres que pagábamos por rentas más altas».

Los afectados, que han estado acompañados por el sindicato de vivienda Azet, apuntan que se trata de «un desahucio que no aparecerá en las estadísticas oficiales», ya que desahuciar también es «cuando te suben el alquiler de forma que no puedas asumirlo, cuando la propiedad no te renueva un contrato de renta antigua o cuando se vende un bloque a un especulador, forzando a las familias que han vivido allí toda su vida a abandonar sus viviendas».

Han remarcado que estos «desahucios sutiles» son un problema estructural en el que «propietarios perversos y sin escrúpulos» actúan con «la complicidad de las instituciones».

En este caso concreto han criticado además la participación de la Inmobiliaria Somera, que «ha hecho de intermediaria en el proceso de compra del inmueble». Para las personas afectadas, estas empresas son «unas de los principales responsables del problema de la vivienda, con el papel que juegan en el mercado especulativo y en la destrucción de los barrios populares».

Además de denunciar el hecho de verse obligadas a marcharse, las personas afectadas han mostrado su apoyo a las vecinas que se quedan y han exigido que se respeten los contratos que firmaron con el antiguo propietario y se les tenga en cuenta ante cualquier obra de recalificación o reforma del edificio.